La polémica generada por la subida de impuestos ha aumentado la expectación ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Las políticas públicas de inversión y gasto realizadas en todos los países desarrollados desde la quiebra de Lehman Brothers han hecho que la inversión estatal sea esperada como un maná ante la crisis, una predisposición de ánimo que en Asturias se mantiene incólume hasta en los años de vacas gordas.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dicho que los presupuestos son un esfuerzo de “austeridad sin precedentes”. Vamos a verlo. El aumento del déficit público de las administraciones hasta el 10% del PIB se justifica por la brutal caída de la recaudación fiscal. Ahora bien, siendo muy importante la merma de ingresos, aún es bastante superior el crecimiento del gasto, causa fundamental del déficit. ¿Cabe hablar de austeridad presupuestaria cuando el gasto del año 2009 excedió en un 26% a las previsiones iniciales? ¿Se puede definir como austero al proyecto de 2010, cuando sus tres principales partidas, pensiones, transferencias a otras administraciones y desempleo, crecen el 2%, el 11% y el 58%, respectivamente? ¿Es un ejemplo de austeridad que la cobertura de los servicios generales aumente un 8,5%, o que el gasto en Justicia suba un 9,7%? Por no hablar del pago de los intereses de la deuda, que aumenta un tercio.

DE RESISTENCIA

A los presupuestos se los puede etiquetar de muchas cosas, pero no de austeros. La tradicional disyuntiva presupuestaria entre cañones y mantequilla, tocaba hacerla entre gasto e inversión, y el Gobierno ha optado por el gasto. Cuando Zapatero llegó al Gobierno había dos millones de parados, y ahora hay cerca de cuatro millones. Pues bien, en aquella época de bonanza había más parados sin cobertura del desempleo (1.108.000) que ahora (1.040.000). La prioridad del presupuesto está en el gasto, seguida por el déficit público, quedando en último lugar la preocupación por la inversión. Con otras palabras: son más unos presupuestos para resistir la crisis que para salir de ella. Y faltan las cruciales aportaciones, en forma de enmiendas, de los grupos nacionalistas, siempre muy preocupados por el bien de todos.
En Asturias el dinero del Estado ha menguado hasta los 923 millones, aunque el Principado calcula que entre inversiones estatales y autonómicas se movilizarán 2.000 millones de euros. No preocupa tanto la aportación de las nuevas infraestructuras a la actividad económica, como el empleo que generará la construcción de esas infraestructuras. Según se acerca la fecha de finalización de la ampliación de El Musel y la autovía del Cantábrico, la clase política airea nuevas demandas (túnel de El Fito, carretera de La Espina a Ponferrada, autovía de La Espina a Valdés, tercer carril de la “Y”). Se trata de las inversiones de sustitución. Las infraestructuras de transporte son un fin en sí mismo, no un medio para modernizar la economía. Si Asturias siempre estuvo ligada al discurso del hormigón, ahora hay nuevas razones para ello.
Del Estado, las comunidades autónomas esperan inversiones en infraestructuras y dinero para financiar los servicios públicos. La transferencia de competencias ha reducido el papel del Estado, de modo que es posible pedirle al Gobierno que haga una autovía, pero no es sencillo decirle que eche una mano para renovar la dotación tecnológica de los hospitales de una región. Surgirían agravios comparativos y se generalizarían las demandas por todas las comunidades. Cabe la firma de convenios para mejorar la investigación universitaria o llevar a cabo determinadas experiencias clínicas, pero hay que descartar el trasvase generalizado de inversión pesada del Estado en inversión en conocimiento.
Una vez concluidas las principales infraestructuras (autovía del Cantábrico, AVE, El Musel) las inversiones del Estado adoptarán la filosofía del Fondo de Inversión Local, que financia proyectos cuyo valor añadido radica en la contratación de mano de obra. Las inversiones como bolsa de trabajo.

MARASMO

Y queda la cuestión de los servicios públicos. Los presupuestos de 2010 llegan sin que el nuevo modelo de financiación autonómica haya sido aprobado por el Parlamento. Aunque los presupuestos incorporan 9.750 millones adicionales de los 11.000 millones pactados por Zapatero para el nuevo modelo, los recursos entregados a las regiones descienden un 8%, siendo algo mayor el descenso que sufren los ayuntamientos. Y eso que el Gobierno aplazó hasta dentro de un par de años la reclamación de las devoluciones a las que tiene derecho, que en el caso de las comunidades autónomas llega a los 6.000 millones de euros.
Con la crisis, la pérdida de recaudación fiscal complica enormemente la financiación de los servicios públicos. El nuevo modelo de financiación autonómica descansa en una mayor cesión de impuestos, que alcanza el 90% de los recursos del sistema, mientras que las transferencias se reducen al 10%.
Pongamos la última pieza para ver el marasmo que se avecina. Con la subida de impuestos, el Gobierno espera recaudar 6.500 millones de euros, 2.000 irán las regiones y 800 a los ayuntamientos. El Gobierno quiere dedicar los 3.700 millones restantes a reducir el déficit, en espera de que hagan lo propio las comunidades autónomas y las corporaciones municipales. Es fácil vaticinar que líderes autonómicos y alcaldes gastarán esa entrada de recursos para compensar la sequía fiscal. Concluyo: ni inversiones ni reducción del déficit. Todo gasto.