La caída de los ingresos tributarios quiere compensarla el Principado por dos vías: aumentando el nivel de deuda y recortando gastos. Ayer formalizaba Álvarez Areces un crédito de 300 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar actuaciones en sanidad, educación, cultura o renovación urbana. En los próximos meses suscribirá otro crédito por la misma cuantía, de modo que la deuda de la comunidad autónoma superará los 1.400 millones.

Simultáneamente, se ha iniciado una labor de ahorro que se sustancia en el recorte de los gastos. Hace un par de meses, distintas consejerías del Principado renunciaron a llevar a cabo algunas iniciativas que tenían comprometidas, por valor de 101 millones de euros, para financiar con ese importe las nóminas del personal de sanidad. El deslizamiento del gasto en la Consejería de Salud se compensa con el recorte en el resto de los departamentos del Principado. De cara al futuro, se espera ahorrar otros 20 millones, al renunciar a nuevas contrataciones y al realizar ajustes en partidas del gasto corriente. Entre lo ya realizado y lo que se espera llevar a cabo se puede hablar de 120 millones de ahorro.

El recorte de gastos es una necesidad imperiosa para todas las administraciones. Hay que ajustar el presupuesto a los recursos que se obtienen por la vía fiscal. Hacer caso omiso del deterioro de la recaudación y lanzarse por la vía de asumir deudas en espera de que la crisis económica remita en poco tiempo es una temeridad. El problema de la disminución del gasto radica en que el 80% del presupuesto está comprometido, siendo prácticamente imposible reducir su cuantía. Cabe gastar menos en teléfono, luz, gasolina, papel, calefacción o en sustituciones del personal, pero el margen de ahorro por esa vía es pequeño. Ahorrar 120 millones sobre los 4.400 que contiene el presupuesto es dejar de consumir un 2,7% del total de los recursos.

Para poder acomodar el presupuesto a la caída de los tributos habría que reducir drásticamente los gastos y eso va ligado a la adopción de otras fórmulas de gestión, que ningún partido se atreve a proponer. A las dificultades para reducir el presupuesto hay que sumar las pretensiones de IU que considera que la situación admite un mayor nivel de gasto. En ese escenario el ahorro de 120 millones me parece una proeza.