La última escaramuza en la Junta General del Principado corrió a cargo del PP, al presentar una propuesta sobre el calendario de la alta velocidad que contó con los votos de IU y el rechazo del PSOE, de modo que resucitó la famosa ‘pinza’, auque con un formato especial: parte del Gobierno perdió la votación y el resto la ganó. La astucia del PP consistió en fotocopiar las demandas de IU para presentarlas en el pleno del Parlamento y darle así una colleja al presidente Areces y al PSOE. Ya lo intentaron hace unos días con los sobrecostes de El Musel, aunque no acabaron de rematar la jugada.

La banalidad de la actividad parlamentaria asturiana cierra la posibilidad de tratar en las instituciones autonómicas los verdaderos problemas, más allá de darse pellizcos con el sentido del voto o de discutir sobre las cifras del desempleo. Hay cuestiones graves pendientes de resolución; unas tienen que ver con los próximos presupuestos del Principado, mientras que otras quedan fuera del mismo.

Ante la indiferencia de los diputados, se ha dejado de quemar carbón en las térmicas asturianas, creándose una situación inédita: millones de toneladas almacenadas y las redes eléctricas enviando energía de Castilla a Asturias. Por primera vez, Asturias importa electricidad. La caída de la demanda eléctrica abre un nuevo escenario en el que los operadores no necesitan el carbón para atender las necesidades del consumo. La disminución de la demanda también afecta a las plantas de gas de ciclo combinado, que era la gran apuesta industrial de Asturias hacia el futuro. Es posible que dentro de cuatro o cinco años sólo se haya puesto en funcionamiento otro ciclo de gas, como el que ya funciona en Ribera de Arriba. Si resultan detenidas las inversiones en ciclos combinados, la regasificadora quedará infrautilizada. Pese a las promesas y los calendarios, es dudoso que Enagás tenga una gran urgencia por construir la regasificadora. En Asturias tenemos una amplia experiencia del largo periodo que media entre colocar la primera y la segunda piedra de cualquier infraestructura.

El incierto porvenir del gas y el rechazo del carbón nacional remiten a otro problema para la generación eléctrica asturiana: las redes de alta tensión. En la Junta General del Principado no se habla de ello, pero en otros parlamentos autonómicos hay consenso para evitar la evacuación de la energía asturiana a través de Sama-Velilla, mientras se levantan nuevos obstáculos ante Soto-Penagos. Tras treinta años de espera, se abre una nueva prórroga. Con la bajada del consumo, el carácter superfluo del carbón, la falta de rentabilidad de las inversiones de gas y el cuello de botella en las redes de transporte, el sector energético asturiano se adentra en un escenario tan novedoso como negativo.

Falta por agregar una nueva pieza, las energías renovables. Tras una larguísima moratoria sobre los parques eólicos del Principado, hay muchos proyectos en cartera que pueden quedar frenados en seco si se cambia la prima de apoyo a las energía eólica. Una vez que los parques de generación existentes y las licencias solicitadas cubran el objetivo marcado del 20% de la generación eléctrica, al resto de parques eólicos se les rebajará la subvención, con lo que dejarán de estar aseguradas las inversiones previstas.

El peso de las decisiones sobre energía corresponden al Gobierno central, pero ello no puede ser una disculpa para que se encojan de hombros los diputados autonómicos y únicamente muestren preocupación por el retraso de los fondos mineros, el único elemento del puzzle de la energía que tiene un valor instrumental.

Hay otros dos expedientes industriales, el sector naval y la siderurgia, que por su importancia merecen un artículo entero, así que me limito a recordar que el sector naval de la bahía gijonesa puede cerrar por derribo. De ser así, habrá que concluir que la privatización de Juliana Constructora fue la operación más desastrosa realizada por la SEPI. En cuanto a la siderurgia, la alegría por la reapertura del horno alto no puede ocultar que ya ha quedado borrado de la agenda el calendario de inversiones en las factorías asturianas. Asia y Brasil son las áreas preferentes de ArcelorMittal. Sin mejoras ni inversiones, la competitividad de las plantas asturianas decaerá.

La Junta General del Principado está de espaldas a estos problemas, como también lo está a la racionalización de los servicios públicos. PSOE e IU negocian el presupuesto de 2010, sobre la base de un incremento de más de 600 millones de deuda y la asunción de un gasto fijo, la carrera profesional de los funcionarios, que no conlleva ninguna mejora. Al PP le preocupan los sobrecostes de El Musel y del HUCA, pero no entra en la discusión de la sostenibilidad de los servicios públicos. Para IU todo servicio público es sostenible por definición, para eso están los impuestos. Y el presidente Areces tira de deuda para financiar el gasto de IU, las mejoras salariales de los funcionarios y la desbocada sanidad, donde el 95% del gasto en farmacia corre por cuenta del Principado.

A todo esto, el vertedero de Serín se va a colmatar entre ensayos de biometanización y la apatía del Parlamento que repite, año tras año, el orden del día de las sesiones.