La dirección de IU considera que la oferta presupuestaria de Álvarez Areces es inasumible. El socio minoritario del Gobierno pide un esfuerzo a los socialistas para mejorar la propuesta incrementando la asignación a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, y recogiendo otras necesidades como los equipamientos educativos para niños con edades comprendidas entre cero y tres años. El viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, concretó las demandas de IU, solicitando un aumento para las políticas sociales de diez millones de euros.

La disputa en el Gobierno se mantiene en unos términos similares a la pasada semana. La negociación sobre el presupuesto no se atiene a los estándares de un acuerdo entre dos fuerzas que comparten la tarea de gobernar, sino que parece más bien una negociación sindical, sustituyendo el forcejeo de las alzas salariales por el incremento de las partidas en servicios sociales. El debate sobre la orientación del presupuesto ha quedado orillado por el método fácil de decir que toda la inversión y el gasto social son prioritarios. Como entre esos dos conceptos está el 96,1% del presupuesto, la afirmación resulta vacía de contenido, y anima a aumentar las partidas de casi todo el presupuesto. En época de crisis y con una caída del 27% en la recaudación de los grandes impuestos, como media, lo sensato era señalar dos o tres prioridades muy concretas y predicar una restricción de gasto en el resto. Pero Asturias es diferente, está prohibido hacer un análisis realista, y si los Presupuestos Generales del Estado bajan, aquí toca crecer, aunque quedemos colgados de la brocha pintando cifras sin sentido porque no están respaldadas por ingresos y deuda.

La imagen del Gobierno regional va a salir resentida de la negociación presupuestaria. No se transmite el mensaje de un equipo solidario en fines y objetivos, sino la entente coyuntural de dos grupos con grandes recelos y desconfianzas. Es muy difícil que los intereses generales de Asturias estén bien identificados en el futuro presupuesto, cuando el eje de la negociación está centrado en aumentar las subvenciones a personas o colectivos que no tienen nada que ver con las políticas de empleo. Una cosa es hacer un esfuerzo en la política de solidaridad y otra muy distinta confundir el presupuesto con la bolsa de subvenciones.