Los protagonistas del acuerdo presupuestario defienden el proyecto de cuentas regionales. El presidente Areces considera que gran parte del gasto social debe computarse como gasto productivo porque potencia el empleo y las actividades de I+D. El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, reivindica el gasto social por la vocación solidaria de su fuerza política.

Es muy difícil no encontrar algún atisbo de utilidad en cualquier partida de gasto público. Hasta el gasto corriente más prosaico ofrece beneficios porque supone una rotación de dinero, una movilización de recursos. Más sencillo, aún, es atribuirle ventajas al gasto social, porque cubre necesidades de la sociedad que redundan en bienestar o creación de riqueza. No admite duda que el gasto educativo o el sanitario son positivos, porque nada empobrece más a la colectividad que la ignorancia o la enfermedad. Sentada esas premisas, convengamos que la conveniencia de gastar más o menos en servicios sociales depende de los recursos de la Administración. En un momento en que la recaudación fiscal cae de manera alarmante resulta muy arriesgado potenciar el gasto social, más allá del derivado de los estabilizadores automáticos, como el seguro del desempleo. Una Administración descapitalizada por la crisis económica corre el riesgo de quedar arruinada por ofrecer gratuitamente amplios servicios a la sociedad. Tener centros de día acabados sin inaugurar no es propio de una política social virtuosa sino una muestra de lujo asiático.

PSOE e IU se autocalifican como partidos progresistas. Hace falta definir que se entiende por progreso, aquí y ahora. Con una crisis económica que amenaza con llevarse por delante el empleo y destruir la riqueza, la prioridad de las prioridades es el empleo. Debería considerarse un éxito el mantenimiento del gasto social en las cotas en que ya estaba. Elevarlo hasta el 67,6% del presupuesto, a costa de rebajar la inversión en infraestructuras, no es una operación productiva, sino una concesión política a un socio de Gobierno que está más preocupado por garantizar rentas que por dinamizar el mercado. Si la extensión de las prestaciones sociales se hace sobre la base de asumir deudas estamos en presencia de un modelo insostenible. Gozar del presente cegando el futuro es un negocio muy poco inteligente.