La propuesta de Jaime Rabanal sobre la subida de impuestos para sostener los servicios públicos ha encontrado importantes apoyos. Javier Fernández considera necesario encontrar un equilibrio fiscal entre las necesidades de gasto en servicios fundamentales y los ingresos que deben tener las comunidades autónomas para financiarlos; para el secretario general de la FSA es imprescindible lograr un consenso entre el Estado y las regiones para proceder a la elevación fiscal. Jesús Iglesias (IU) celebra que Rabanal rectifique, y asegura que la si en Asturias no se gravó más las rentas de los ricos es por culpa del PSOE. Dirigentes de CCOO y UGT apoyan la subida fiscal como palanca de solidaridad. Desde una perspectiva académica, los catedráticos de Hacienda Pública, Carlos Monasterio y Suárez Pandiello, aseguran que la vía del endeudamiento para financiar servicios públicos está agotada, quedando el recurso de los impuestos o el pago de tasas. También hay voces discrepantes: Joaquín Aréstegui (PP) considera que no deben pagar los ciudadanos los errores en la gestión pública, y Severino García Vigón (FADE) entiende los problemas de financiación de los servicios públicos pero no ve acertada la subida de impuestos.

Aunque cada comunidad autónoma es libre de subir los impuestos, convengamos que es muy difícil llevar a cabo una estrategia fiscal a contra corriente. Hace falta que la mayoría de las regiones estén por la labor. El gasto social tiene un desarrollo galopante, producto de las crecientes demandas sanitarias de la población y por haber impuesto una nueva obligación a los gobiernos, con la Ley de Dependencia. Durante la primera legislatura de Zapatero, España era el país que creaba más empleo de Europa y se amplió el Estado del Bienestar, con una ley que desarrolla servicios de asistencia y da la oportunidad a los ciudadanos de cobrar 500 euros mensuales de la Administración para solucionar sus problemas de autonomía.

En el último año, el paro creció en 1,2 millones de personas y en las subvenciones del desempleo el Gobierno se va a gastar 39.000 millones de euros. Nunca crecieron tan rápido en España las deudas de las Administraciones Públicas. Ante esta situación, hay que optar por recortar gastos o propiciar nuevos ingresos. A partir de ahí, se encadenan otras decisiones. Volveremos sobre ello.