José Bono, presidente del Congreso del Congreso de los Diputados, pide respeto para el Tribunal Constitucional y quiere que se limite el proceso de descentralización del Estado. Bono cita al Tribunal Constitucional por la expectación creada en torno a la sentencia sobre el ‘Estatut’ y reflexiona sobre la descentralización de competencias porque el texto catalán va más allá de lo que se podía prever al iniciarse la reforma estatutaria.

El cuestionamiento de la Constitución, dejando a un lado la crítica realizada por fuerzas ultramontanas, se inició en el 25 aniversario de la Carta Magna. Desde la izquierda se propuso reabrir el debate sobre el texto en un momento en que Aznar gobernaba con plácida mayoría. Siempre relacioné una cosa con la otra. En aquellos días, Maragall acababa de ser investido como presidente de Cataluña e inició una crítica radical al modelo de Estado, reclamando un nuevo acomodo de Cataluña en España. De ahí nacieron las esperanzas puestas en el ‘Estatut’, como norma que creaba un nuevo marco de convivencia. Unos meses más tarde, llegó Zapatero a La Moncloa y lideró la reforma generalizada de los textos autonómicos, exportando la iniciativa catalana. En la Generalitat no se ponían de acuerdo sobre la reforma y el presidente intervino para negociar el consenso. A Zapatero le parecía bien que Cataluña fuese nación en el preámbulo del ‘Estatut’ y que se limitase el poder legislativo del Estado. El ‘Estatut’ arañó la mitad de los impuestos del Estado y le impuso obligaciones presupuestarias. El ‘Estatut’ quedó por encima de la Constitución.

Sobre todo eso tiene que manifestarse ahora el Tribunal Constitucional. Más allá del contenido de la futura sentencia y la posible convocatoria adelantada de comicios en Cataluña, está el mal irreparable causado por el texto catalán. Andaluces, castellanos, aragoneses y murcianos discuten sobre la propiedad de los ríos y hacen política en clave nacionalista, aunque militen en el PSOE o en el PP. En medio de una crisis económica terrible, el Gobierno central tiene muy limitada su capacidad para hacer política económica, porque el gasto público y los ingresos están difuminados por las comunidades autónomas. No queda otro remedio que rectificar y para ello hace falta que se pongan de acuerdo los dos líderes del PSOE y del PP. En nombre de la Constitución.