Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, tiene las ideas claras sobre cómo resolver el problema creado con la expulsión de Haidar de Marruecos. El miembro de la Administración del Principado considera que Marruecos viola los derechos de los habitantes del Sahara Occidental y que España cede a los chantajes. Si de Rafael Palacios dependiera la resolución del problema, ya se habría convocado al embajador de Marruecos para advertirle del altísimo precio que tendría que pagar Marruecos en caso de que Haidar muriese en territorio español.

Moverse en la política internacional con el único bagaje de los principios lleva a un callejón sin salida. El comportamiento de Marruecos con respecto al antiguo Sahara español es bien conocido desde los tiempos de la “marcha verde” (otoño de 1975). La valoración negativa debe matizarse con una reflexión: el derecho a considerar ese territorio como una parte más de Marruecos es respaldada por toda la población de ese país. En pocos asuntos hay menos divergencia entre políticos y pueblo llano. Palacios considera que Marruecos tiene una gran dependencia de la UE, de modo que España está en consideraciones de hablar desde una posición preeminente porque el país magrebí tiene mucho que perder. Las cosas no son tan sencillas. Con independencia de las declaraciones oficiales de Bruselas, la UE no tiene una posición unívoca sobre Marruecos ni sobre el resto de los países del Norte de África. A Francia siempre le interesó que España se viera hostigada por Marruecos, ya que es una zona sobre la que tiene pretensiones hegemónicas. Inglaterra gana con la tensión entre España y Marruecos, porque España pierde solidez ante Gibraltar. Cuando ocurrió el conflicto con el islote de Perejil, la solución vino de la mano del secretario de Estado de los EE.UU, Colin Powell. Los socios europeos sólo ofrecieron amables palabras.

España debe negociar con Marruecos con gran realismo, partiendo del error cometido al aceptar la expulsión de Haidar a Lanzarote. El tiempo apremia porque las huelgas de hambre tienen fecha de caducidad. El Consejo General del Poder Judicial afirma que la alimentación forzosa sólo se puede llevar a cabo si Haidar pierde la consciencia. El Gobierno está atrapado entre las maniobras de Marruecos y la imposibilidad de pinchar una sonda.