La introducción del salario social en España no fue una ocurrencia de la izquierda sino del nacionalismo. El alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, planteó la medida en su municipio en un momento en que la capital vasca tenía la mayor renta per cápita de España. Para decirlo de una forma provocativa: el salario social no es tanto hijo de la pobreza como de la riqueza. La preocupación del PNV en aquella coyuntura era que se originase un ‘efecto llamada’ y todos los marginados del país se refugiasen en su capital, lo que les llevó a tomar algunas medidas sobre tiempo de residencia del solicitante o inscripción en oficinas de empleo. A partir de esa experiencia inicial, el salario social se extendió por media España.

A diferencia de cualquier otra medida social, la llamada renta mínima de inserción no crea una clientela electoral directa. El ‘cheque-bebé’, las subvenciones para comprar ordenadores, las ayudas al alquiler de pisos, los incentivos para la adquisición de coches o las subvenciones para comprar libros de texto propician un lazo invisible entre el gobierno y los beneficiarios que tiene reflejo en las urnas. El salario social no genera el mismo vínculo porque el perfil de los beneficiarios, su escasa integración en la sociedad, hace que gran parte de los mismos se abstenga de participar en los procesos electorales. El salario social es propio de una sociedad rica que quiere mirarse en el espejo sin sentir vergüenza.

IU enarboló la bandera de la renta mínima de inserción nada más entrar en el Gobierno de coalición de la anterior legislatura. Los últimos datos señalan que el presente año terminará con cerca de 7.000 perceptores, beneficiándose del salario social 17.000 personas, contando los titulares del mismo y sus familias. Con la crisis económica, crece la partida presupuestaria de la renta mínima de inserción, aumenta el número de perceptores y sigue latente la polémica entre el PSOE e IU por la eficacia y la extensión de la medida.

Los socialistas no ven con buenos ojos la escasa integración que propicia el salario social. Es una prestación constante que acompaña al perceptor a lo largo de su vida, en vez de ser una ayuda coyuntural hasta que encuentra empleo. IU no niega los efectos limitados de la medida, pero achaca sus fallos a la falta de medios técnicos de la Administración para convertir al beneficiario en un ciudadano con autonomía económica. Se trata de una controversia clásica, inherente a casi todas las medidas sociales. Los liberales siempre se quejaron de la excesiva generosidad de las subvenciones del paro al entender que se trataba de una invitación a no trabajar. Creo que el salario social es una figura muy especial, ya que lo recibe mucha gente que nunca trabajó, y por mucho que se hable de reinserción resulta imposible verlo como una ayuda provisional de limitado alcance temporal. Pongamos un caso típico. Una mujer, carente de estudios básicos y con dos hijos, es muy difícil que pueda prescindir dentro de dos o tres años de la paga de 553 euros que le concede el Principado.

Otro aspecto polémico reside en su factura económica. IU entiende que se debe gestionar el salario social sin ningún tipo de limitaciones presupuestarias. El PSOE considera que el salario social se agota cuando se consume la partida reservada para el mismo en el presupuesto. La famosa discusión sobre derecho objetivo o subjetivo. En realidad, es una polémica bizantina, porque todas las actuaciones y programas de la Administración están sometidos a limitaciones presupuestarias. Si se agotara el dinero no se pagarían ni las pensiones.

Al margen de los distintos enfoques que tienen los dos partidos de izquierda sobre el salario social, cabe hacer una crítica radical sobre el alcance de los servicios sociales entre la población sin recursos. Resulta llamativo que cuando un ciudadano se encuentra sin techo para dormir o carece de dinero para comer, sólo encuentre la ayuda de instituciones como la Cocina Económica o Cáritas, que cubren sus necesidades sin pedir nada a cambio. La burocracia de los servicios sociales es capaz de diseñar complejos programas de evaluación y reinserción, pero no llegan a los más necesitados, dejando la gestión del consuelo para el voluntariado de raíz cristiana.

Lo más asombroso del asunto es que mientras el Gobierno regional discute durante un mes por elevar al máximo la cobertura del salario social, la subvención a las instituciones más bienhechoras de nuestra sociedad tenga un tratamiento presupuestario rutinario y decepcionante. Una monja de la Cocina Económica hace más por paliar la marginación que todos los equipos multidisciplinares de la Consejería de Bienestar Social juntos. Pese a ahorrarle mucho dinero al Gobierno y remediar multitud de dramas humanos, las instituciones de raíz religiosa volcadas en la atención social carecen del suficiente respaldo, algo difícil de entender cuando la propia Administración no ofrece soluciones a través de sus medios. En materia de servicios sociales la política oficial no llega a los últimos de la fila. Este es un asunto singular, que la clase política y la sociedad observan sin aspavientos, como si fuese algo normal. En la sanidad o la educación, la Administración ofrece respuestas directas para todas las capas sociales sin distinción, pero los servicios sociales para los más desamparados se nutren de una red privada, llena de voluntarios de la tercera edad que actúan por caridad, un concepto inexistente en el Estado de Bienestar.