El Gobierno regional manifiesta que en el primer trimestre del año se tomará la decisión de instalar una incineradora en Serín. Dado el nivel de ocupación del vertedero y la cantidad de residuos que se acumulan todos los años, el Principado teme que la decisión llegue con retraso. Los datos técnicos y medioambientales sobre el macrohorno operan en manos del Gobierno regional desde hace mucho tiempo, así que la inversión se podía haber acometido con anterioridad. Ante la polémica sobre la conveniencia de instalar una incineradora, el Principado encargó un estudio a la Universidad de Oviedo en el que intervinieron profesores de la misma y de otros centros universitarios de Madrid y del extranjero, llegando a unas conclusiones favorables para el uso de la incineradora. En cualquier otra región la actuación se habría acometido sin dilación, pero Asturias es diferente. Somos especialistas en aplazar la solución a los problemas. Podríamos decir que parte de la gestión pública consiste en ganar tiempo retrasando medidas inevitables. El paradigma de este comportamiento es la gestión del carbón, un sector al que Felipe González le había puesto fecha de caducidad en cuanto llegó al poder. Y ya pasaron casi treinta años.

La decisión sobre la incineradora le corresponde tomarla al consejo de administración de Cogersa. No es un asunto que tenga que ser evaluado por el Gobierno regional ni por la Junta General del Principado. Es una cuestión estrictamente técnica, con implicaciones económicas y medioambientales, pero alejada de la clave política en la que la quieren situar algunos partidos. Las incineradoras, como otros equipamientos energéticos, medioambientales o industriales no son de derechas ni de izquierdas. El consejo de administración de Cogersa decidirá sobre la incineradora, como la Autoridad Portuaria de El Musel abordó la ampliación portuaria, que no fue decidida en el seno de las instituciones autonómicas.

En otras comunidades la decisión sobre estas infraestructuras no se convierte en cuestión de gabinete, como da a entender IU, cuando dice que la incineradora no está incluida en el pacto de Gobierno del Principado. En el País Vasco se ubicaron incineradoras cuando IU formaba parte del Gobierno de Ibarretxe y no se produjo ninguna crisis en el Ejecutivo tripartito. ¿Se rige Asturias por otras pautas?