El director general de la Energía ha manifestado que en la agenda de la presidencia española de la UE no está la prolongación de las ayudas al carbón, que finalizarán este año. Antonio Hernández justifica esta exclusión con el argumento de que Zapatero tratará en la UE sobre asuntos de trascendencia europea, mientras que el reglamento de las subvenciones al carbón es algo de interés nacional. Si el carbón se extrajera sólo en España, el razonamiento del director general sería impecable, pero no es así. Muchos países que tenían minas de carbón las han cerrado, pero todavía quedan en la UE socios que sacan carbón en cantidades muy superiores a España, como Alemania o Polonia. Las ayudas al carbón son un asunto europeo porque afecta directamente a varios países, y de forma indirecta a todos, ya que no cabe hablar de energía sin considerar todos los inputs; las políticas contra el cambio climático obligan a posicionarse sobre los combustibles fósiles, fijando volumen de cupos y subvenciones, así como estableciendo un marco de ayudas para extraer carbón limpio. La presidencia española puede interesarse por esta cuestión o pasar de largo, pero la UE no dejará de aprobar directivas sobre el carbón, como sobre cualquier otro recurso energético.

En la última cita estival de Rodiezmo, Zapatero aseguró que daría la batalla por mantener las ayudas al carbón aprovechando la presidencia rotatoria en la UE. La tribu del Soma estaba allí presente y no se va a olvidar de la promesa. La pretensión de los sindicatos mineros es que se amplíe el periodo de vigencia del carbón, tomando a Alemania como guía, de modo que cuando venza el plazo ya se esté en condiciones de producir carbón limpio. Como las actuales centrales térmicas están a la cabeza de las instalaciones industriales generadoras de CO2, la batalla entre los defensores del carbón y los detractores va a ser enconada.

El Gobierno de España acaba de fijar un sistema de ayudas al carbón nacional ante el rechazo que mostraban las empresas eléctricas a utilizarlo, de modo que se fija una prima muy importante (aunque muy inferior al que reciben otros recursos energéticos) y tendrá la consideración de recurso prioritario, pasando por delante del gas, el carbón de importación o la energía nuclear. La UE ve con recelo el estatus del carbón en España, pero Zapatero no va a defenderlo.