Aunque no lo reconozca, el Gobierno central acaba de rehacer los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, con el objeto de hacer frente al pavoroso déficit público, que en el pasado ejercicio acabó situado en el 11,4% del PIB. Una de las vías para ajustar las cuentas pasa por el recorte profundo de las inversiones planificadas en las infraestructuras de transporte. La política de la restricción en las partidas afectará a Asturias lo mismo que al resto de las comunidades autónomas.

Ante el recorte inversor, el Principado pretende argüir que nuestra región sufre un déficit histórico en comunicaciones, para minimizar la cuantía del ajuste. IU considera un escándalo el bajonazo que se va a aplicar en las partidas destinadas a infraestructuras, sobre todo si se realiza en regiones que tienen un retraso en autovías y líneas de tren de alta velocidad. Por su parte, la Fade asegura que el recorte debe empezar por los proyectos que afectan a las comunidades autónomas que tiene un buen nivel de infraestructuras.

Es loable la postura de partidos y agentes sociales para proteger el desarrollo de las infraestructuras asturianas de un nuevo retraso. Dudo que las buenas intenciones sirvan para algo. El Gobierno va a aplicar un plan de emergencia, que conlleva reasignaciones a la baja en todo tipo de partidas presupuestarias, aunque en algunas materias las cuantías se mantengan oficialmente. Por ejemplo, no creo que el gasto en la aplicación de la Ley de Dependencia se ejecute en la misma medida que estaba previsto; si en el año 2009 fue bajo, en el actual ejercicio será proporcionalmente menor. La fuerte inversión en infraestructuras, un arma que blandía José Blanco para aparecer como un ministro de Fomento distinto, va a descender sin remedio. Las consideraciones de los representantes asturianos no harán mella en el Gobierno, porque toda la política sectorial queda irremisiblemente revisada a la baja en pos de aliviar el cuadro macroeconómico del Estado. El desfase entre gastos e ingresos es grande, pero la cosa puede ponerse mucho más fea si el Gobierno no hace gestos enérgicos. A corto plazo está en juego la credibilidad de España en los mercados internacionales, algo que se paga muy caro, en forma de penalización de intereses de deuda, si el Gobierno flojea y no logra embridar el gasto. No nos hagamos ilusiones.