Cuervas-Mons ha dado una rueda de prensa para cargar contra González Marroquín, director del Idepa y bestia negra de los parlamentarios del PP. El grupo que dirige Ovidio Sánchez prefiere fiscalizar y criticar la gestión de las empresas públicas y organismos autónomos que hacerlo con la actuación de los consejeros del Gobierno regional. Unos y otros están bajo la férula de Álvarez Areces, pero centrar toda la atención en las empresas públicas es renunciar al núcleo central del Ejecutivo, limitándose a zaherir lo que hacen una serie de ejecutivos o altos funcionarios que resultan muy desconocidos para el ciudadano y no comparecen ante las urnas. En el caso de González Marroquín, el PP hizo casus belli de su sueldo, llevando repetidamente la nómina del director del Idepa al pleno de la Junta General del Principado.

En esta ocasión, Cuervas Mons sacó a relucir un informe de asesoramiento jurídico externo, encargado por el Idepa, para contestar a las alegaciones de la Sindicatura de Cuentas. El diputado del PP criticó el gasto de 12.000 euros en un dictamen que concluye con un alegato contra la síndica del PP, las filtraciones a la prensa de la Sindicatura, y la carencia de interés de un organismo que hace las mismas las cosas que el Tribunal de Cuentas. En su intervención, Cuervas-Mons volvió a pedir el cese o dimisión de González Marroquín. Cualquier día los parlamentarios del PP parafrasearán a Aznar: “váyase señor González Marroquín”.

El recurso a los servicios jurídicos externos es una forma de actuar habitual en todas las administraciones. Bien es cierto que dice muy poco de los juristas que tienen la condición de funcionarios, pero se procede así en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuervas-Mons, que fue un destacado concejal ovetense, recordará muy bien el elevado gasto del consistorio carbayón en abogados. Es muy libre el diputado del PP de rasgarse las vestiduras por una factura de dos millones de pesetas derivada de la contratación de un profesional cualificado. El carácter prescindible de la Sindicatura, las filtraciones a los medios y el déficit de conocimientos financiero-contables de algún síndico/a constituyen argumentos irrebatibles. Es difícil de entender la estrategia parlamentaria del PP, al tratar a González Marroquín como si fuese un potencial competidor en las urnas.