Acabado el experimento de expandir las cuentas públicas mucho más allá de lo que permitían sus ingresos, la consigna son los recortes para mantener la etiqueta de “país serio”, como reivindicó Zapatero en el Foro de Davos. El primero que va a dar ejemplo es el Gobierno central, pero los mayores recortes en los próximos años tocarán a las comunidades autónomas. Practicar una política de radical austeridad a partir del actual sistema de distribución territorial del poder es un objetivo de incierto cumplimiento, pero es el guión que hay sobre la mesa para ganar credibilidad internacional y evitar la bancarrota.
Las comunidades autónomas son las administraciones del gasto. En los ingresos nunca repararon mucho, porque el Gobierno central fue su principal agente recaudador. Su vocación es gastar. En el año 2009 tenían permiso para endeudarse en un 1,5% del PIB y lo acabaron haciendo en un 2,2%. Para el 2010 la autorización alcanza al 2,5% del PIB y ya hubo cuatro gobiernos que planificaron un endeudamiento más abultado, y seis gobiernos, el asturiano entre ellos, que aprobaron un incremento del gasto en vez de recortarlo.
Como los niños pequeños, los gobiernos regionales no quieren conocer la realidad o fingen no verla. El ejemplo más claro son las interpretaciones del Principado ante el recorte planteado por el Gobierno central a las partidas del Ministerio de Fomento. La opinión oficial es que apenas afectarán a las inversiones en infraestructuras asturianas porque se trata de obras ya en marcha, que tienen compromisos empresariales. Veamos.

Infraestructuras

El Ministerio de Fomento concentra la mitad de la disminución del gasto del Estado. Para el año en curso, la previsión es recortar moderadamente el gasto de los ministerios en 3.500 millones, tocando 1.750 millones al Ministerio de Fomento. Pero para los tres siguientes ejercicios el recorte gubernamental alcanzará los 35.000 millones, entre gasto corriente e inversiones, debiendo el ministro José Blanco disminuir en más de 17.000 millones las asignaciones comprometidas. ¿De esos recortes quedarán las obras públicas asturianas excluidas? ¿No es más realista pensar que se ralentizará el ritmo de construcción de las infraestructuras?
Otro ejemplo de minoría de edad. Los ayuntamientos asturianos esperan mantener el ritmo de inversiones gracias al Plan A del Principado, y también van a licitar alegremente las actuaciones acogidas al Fondo de Estímulo de la Economía y el Empleo, financiado por el Gobierno central. Es hora de preguntarse si son rentables las inversiones comprometidas en estos programas. El pasado año se llevó adelante el Plan E, gracias a los 8.000 millones del Fondo de Inversión Local. Ahora ya se sabe que el Plan E aportó un 0,7% al PIB, tras haber detraído previamente un 0,8% de la riqueza nacional. Un chollo. Como definió Antxon Pérez Calleja: “uno de los ejemplos más nefastos de Keynesianismo castizo”.
En los últimos diez días, el Gobierno central ha cambiado de perspectiva, recomponiendo los Presupuestos Generales del Estado y planteando un Plan de Estabilidad a Bruselas, que recoge supuestos antes no contemplados, como que el PIB en este año vuelva a contraerse un 0,8%. La lucha contra el paro se deja en manos de la reforma laboral, mientras que las cuentas del Estado se concentrarán en reducir el déficit. Por ahora, los gobiernos autonómicos no se dan por enterados, pero en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera les van a leer la cartilla.
El camino de la reducción del déficit es doloroso y de muy difícil cumplimiento. El precedente de lo ocurrido en la crisis de 1993 nos sirve de guía, cuando el déficit creció hasta el 7% del PIB y tardó siete años en quedar por debajo del 3%. Ahora se pretender pasar del actual 11,4% al 3% en 2013. ¿A qué escenario estamos abocados?

Depuración

Hay algunos asuntos que exigen una reflexión lúcida. Como se va de cabeza hacia una depuración de las cuentas de las Administraciones, los gobiernos regionales deben concentrarse en hacer posible la financiación de los servicios públicos transferidos. Gestionar la Sanidad y la Educación, así como la red de Servicios Sociales, ya es tarea más que suficiente. Las comunidades autónomas tiene que darse de baja de otras obligaciones, como la de construir autovías. Puede ser muy interesante unir por doble calzada Avilés con el corredor del Nalón, pero ante un plan de estabilización, como el que está dibujado, es mucho más eficiente dedicar el escaso sobrante a financiar mejor la investigación universitaria que a hacer más surcos sobre el mapa.
Hay otros recortes dolorosos que precisan de un acuerdo entre administraciones y partidos mayoritarios. Me refiero a la Ley de Dependencia, lanzada por el ministro Jesús Caldera, en un momento que España creaba el 40% del empleo de la eurozona. Las prioridades sociales tienen que ser las pensiones y el desempleo. Ni el Gobierno ni el Principado están en condiciones de pagar miles de sueldos (entre 300 y 500 euros) a las personas que cuidan a sus padres. En una época de pleno empleo es posible y acertado ensanchar el Estado del Bienestar, pero ahora toca garantizarlo, manteniendo las prestaciones sociales tal como estaban hace cuatro años. Por no hablar de la costosa y baldía política de la vivienda, cuando hay 1,5 millones de pisos en stock sin vender.
Ya va siendo hora de que un líder político se ponga delante de los micrófonos y diga algo que recuerde a Churchill.