Los portavoces de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) rechazan la posibilidad de sancionar a los ayuntamientos que no presenten la documentación financiero-contable requerida por la Sindicatura de Cuentas. Si tomaran medidas punitivas contra los consistorios habría crisis internas en los tres partidos, porque en sus órganos de dirección toman asiento alcaldes y dirigentes municipales que no aceptarían que sus compañeros con cargos regionales les pusieran multas. Entre reforzar la autoridad de la Sindicatura de Cuentas con medidas coactivas o ponerse del lado de los alcaldes, los aparatos de los partidos no dudan que su sitio está junto a los regidores.

Jesús Iglesias, portavoz de IU, dice que hay analizar cada caso, porque hay ayuntamientos pequeños que atraviesan dificultades. Sin embargo, a la hora de sancionar es más fácil que los partidos se atrevieran con un municipio pequeño que con uno de los grandes de la región. El razonamiento más simpático es el que realiza Cuervas-Mons, cuando asegura que no se puede comparar el incumplimiento de los ayuntamientos con el de las empresas públicas del Principado. Para un auditor se trata de casuísticas semejantes, pero para la estrategia opositora del PP hay diferencias cualitativas, porque una cosa es cargar contra el Gobierno de Álvarez Areces y otra muy diferente poner en la picota a algún ayuntamiento gobernado por el PP que lleva años sin presentar papeles. En efecto, se trata de diferencias políticas muy notables.

Los gobiernos regionales permiten que los ayuntamientos gestionen y financien competencias que son de responsabilidad autonómica, así que no están en condiciones de sancionarles por falta de diligencia a la hora de tramitar las cuentas. Según los alcaldes, el 30% del presupuesto municipal se gasta en tareas que no les corresponden, de modo que las instituciones autonómicas tienen una deuda moral y material con ellos. Si los estados no son sancionados en la Unión Europea por incumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria ni las comunidades autónomas son penalizadas por el Gobierno central por endeudarse más allá de lo permitido, sería el colmo que los ayuntamientos fueran multados por el Principado, cuando actúan como empresas que subcontratan servicios regionales por cero euros. Lo siento por la Sindicatura.