IU había emplazado públicamente a los socialistas a decir quién pagará la planta incineradora que se va a construir en Serín. La respuesta ha llegado por boca de Belén Fernández, que ha pretendido tranquilizar al socio del Gobierno diciendo que las administraciones no tendrán que endeudarse ni hacer desembolso alguno porque se financiará vía tarifa a partir del año 2015. La viceconsejera de Medio Ambiente tiene tan asumidos los intereses de la Administración del Principado –antes como alta funcionaria de la misma y ahora como miembro del Gobierno- que considera resuelto el asunto diciendo que se aplicará una tarifa y todos tan contentos. La construcción de la incineradora no creará ningún quebranto a ayuntamientos y Principado, aunque los ciudadanos tendrán que pagar cuatro o cinco veces más por las basuras. A ningún dirigente político se le ocurriría decir que la financiación de un proyecto no es un problema porque endosa la factura a los electores. Para dar esa respuesta se basta cualquier técnico, de un político cabe esperar otra venta del producto.

IU lleva el debate al terreno que le interesa: se queja del tamaño de la incineradora, demanda una ley de residuos sólidos, y plantea dudas sobre la financiación de la planta. Lo que deberían hacer el consejero y la viceconsejera de Medio Ambiente es desmotar esos planteamientos con argumentos y datos. El tamaño de la incineradora viene marcado por la producción de residuos y la capacidad del vertedero; la petición de una ley llega tarde, ya que significaría dejar la cuestión sin resolver en esta legislatura, y la solución a la saturación del vertedero hay que darla ya, porque llegan 600 o 700 camiones cada día.

Por último, queda la cuestión de la financiación. Sobre este punto lo primero que hay que reconocer es que los tratamientos de basuras en el siglo XXI son caros. Lo único barato es apilar basura en un vertedero, pero la UE advierte que los vertederos son la última solución. Yo añadiría que los vertederos valen para Bulgaria o Rumania, pero no es de recibo abrir otro vertedero en Asturias. Cualquier otra solución es costosa, empezando por el incremento de los procesos de reciclaje que son tan gravosos como la valorización energética. Todo eso y mucho más lo saben González Buendía y Belén Fernández, pero ven a los ciudadanos con lentes de funcionario.

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