El método puesto en marcha para lograr un gran pacto de Estado contra la crisis económica constituye, en sí mismo, un obstáculo para el acuerdo. En el Palacio de Zurbano se reúne el triunvirato socialista (Salgado-Blanco-Sebastián) con los dirigentes de los principales partidos políticos, mientras que José Antonio Alonso lleva a cabo otra ronda de contactos con los portavoces de los distintos grupos. El sentido común indica que basta una mesa de negociación, con tal de que en ella estén presentes políticos con competencia en la materia (economía) y poder de decisión. José Antonio Alonso y Soraya Sáenz Santamaría tienen una amplia formación jurídica, pero en economía no creo que superen un test básico. Huelga esa mesa de contactos entre portavoces parlamentarios, porque sólo sirve para marcar estrategias políticas.

Si Cristóbal Montoso salió del Palacio de Zurbano calificando de “simplón” el documento del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó la ronda con Alonso para decir que renunciar a la subida del IVA es condición básica para el acuerdo. Si se organizara una tercera mesa de negociación se alzarían nuevos obstáculos para el pacto. Vamos a ver la cuestión del IVA.

El IVA es el segundo impuesto en suministrar dinero al Estado y a las comunidades autónomas. En el año 2009 se derrumbó su recaudación, al quedar un 30% por debajo del anterior ejercicio. Ninguna otra figura fiscal sufrió un retroceso parecido. Elena Salgado se ha atrevido a decir que el incremento del IVA incidirá en el consumo, pero no en el Producto Interior Bruto; una afirmación más propia de Ionesco que de un responsable económico, porque la incidencia del consumo en el PIB es tan grande que sólo su desfondamiento explica en gran medida la recesión. Subir el IVA es muy problemático, aunque justo es decir que en España tenemos el segundo IVA más bajo de toda la UE. La reducción del déficit público debe hacerse por la vía del recorte de gastos, pero algún ingreso más hay que obtener para sostener los servicios públicos y las inversiones. Negarse radicalmente a elevar ningún tributo no es una postura razonable, aunque es mejor empezar por los Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol, tabaco) que por el IVA. No creo que estos matices tengan entidad para impedir un pacto de Estado, aunque pueden ser una disculpa para no firmarlo.