Carlos Ocaña afirmó que el acuerdo firmado con los sindicatos sobre los incrementos salariales de los funcionarios será revisado para poder ahorrar 4.800 millones de euros en los presupuestos públicos. Veinticuatro horas más tarde, Elena Salgado y Manuel Chaves rectificaron al secretario de Estado de Economía, asegurando que las mejoras en los sueldos son intocables, así que el ahorro en nóminas se hará por la vía de las jubilaciones, amortizando las plazas vacantes.
Quince días antes, el Ministerio de Economía mandaba un documento a Bruselas explicando la política del Gobierno para reducir el déficit público y rebajar el nivel de endeudamiento. Entre el conjunto de medidas se encontraba la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, que pasaría de los quince a los veinticinco años; la airada reacción de dirigentes políticos y sindicales movió a la vicepresidenta Salgado a decir que cualquier economista que leyera el documento deduciría que se trababa de un ejemplo, pero un ciudadano cualquiera podía interpretarlo erróneamente. Difundido el documento quedó claro que importaba poco que lo leyera un economista, un taxista o un taxidermista: se trataba de una premisa de trabajo del Gobierno sobre la evolución de las cuentas del Estado. Una previsión de futuro para Bruselas y otra para la opinión pública española.
Esta misma semana hubo alusiones imprecisas sobre una futura subida de impuestos, mientras en las negociaciones del Gobierno con los grupos políticos sólo se barajan las alzas ya acordadas en el pasado otoño. ¿Cómo interpretar la forma continua de tejer y destejer el discurso gubernamental?

El plan

Este tipo de anuncios se etiquetan habitualmente como ‘globos sonda’. Todos los gobiernos utilizan esa táctica, que consiste en hacer un simulacro de encuesta a la sociedad sobre un proyecto y en caso de percibir una fuerte resistencia se retira. El actual Gobierno utilizó ese truco muchas veces. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de globos sonda, sino de medidas coherentes, que forman piezas distintas dentro de un mismo plan, destinado a estabilizar la economía con sacrificios para funcionarios, futuros pensionistas y contribuyentes. Las breves declaraciones de Carlos Ocaña, los papeles entregados a Bruselas y la inconcreta segunda ola de alzas fiscales forman parte de la agenda oculta del Gobierno. Un paquete de medidas tan impopulares como necesarias para reducir el déficit del Estado del 11,4% al 3%, en tres años, y para rebajar la cuantía de la deuda pública.
Extender el periodo de cálculo de las pensiones y retrasar la jubilación a los 67 años es un intento modesto por hacer viable las futuras pensiones. José Barea, uno de los principales expertos en la materia, tiene un trabajo en el que demuestra que el sistema de pensiones contributivas entrará en quiebra hacia 2017 si no se eleva la edad de jubilación hasta los 70 años y se cambia el sistema de cálculo, ampliándolo hasta toda la vida laboral del trabajador.
La congelación del sueldo de los funcionarios en los próximos años es una condición indispensable para hacer frente a un gasto que alcanza los 120.000 millones de euros entre todas las administraciones. Y la apelación a nuevos ingresos es difícil de evitar cuando se gasta el doble de lo que recauda Hacienda. La agenda oculta del Gobierno muestra lo que hay que hacer, pero no se dan las condiciones para hacerlo.
El Gobierno de Zapatero, por fin, tiene un plan, pero no puede llevarlo a cabo por condicionantes políticos. Las resistencias sindicales pesan en el ánimo del Gobierno, pero después de lo ocurrido en Grecia no es ese el verdadero obstáculo. El plan de ajuste es inviable por carencias parlamentarias. A los socios habituales de Zapatero (ERC, IU, BNG) no les importa el déficit público y el endeudamiento, porque ven en ellos el exponente de una política positiva ante el retraimiento de la iniciativa privada. CiU no puede asumir esa carga a seis meses de las elecciones catalanas. El PP espera que pase el cadáver de su enemigo, para poder aplicar desde el poder la misma hoja de ruta que tiene en mente Zapatero. Con más de cuatro millones de parados y sin contar con el PP es prácticamente imposible llevar a cabo un plan de saneamiento enérgico de las cuentas públicas. ¿Cómo frenar la deriva de gasto de las comunidades autónomas sin un acuerdo entre el PSOE y el PP?

Pactar o disolver

El Gobierno deja ver algunas piezas de su plan, cuya aplicación aplaza hasta contar con una coyuntura más favorable. Llegados a este punto resulta difícil imaginar que el Ejecutivo de Zapatero sobreviva durante dos años de mandato amparado en socios minoritarios, refractarios a los postulados económicos convencionales y con escaso sentido de Estado. No vale cambiar de ministros todos los años para ganar unos meses de crédito. La economía española necesita medidas duras y urgentes, así que ante Zapatero se abren dos alternativas: forzar un pacto de Estado o elecciones anticipadas. La batalla por el pacto de Estado se juega ante la opinión pública.
El PP es un partido de oposición atípico, porque gobierna en medio mapa autonómico. En la negociación del modelo de financiación autonómica, tuvo que emplearse a fondo Rajoy para armonizar los intereses de sus comunidades autónomas con la estrategia central de oposición. El pacto entre los dos grandes partidos sólo será posible cuando tenga para el PP un mayor coste el disenso que el acuerdo. En ese caso, la agenda oculta se convertiría en programa de Estado.