Sigue la incineradora ocupando el centro de la política asturiana. Los datos, argumentos y posiciones de las partes están claros desde hace semanas, pero cada día se añade una novedad, que confunde más que clarifica. Resulta absurdo que todo lo que preocupe al estamento político autonómico sea la instalación de un horno para quemar basuras, como si no hubiese más de 80.000 parados en la región esperando una respuesta. Hace un par de años, se entregó toda la clase política asturiana a hablar de la posible eliminación del peaje del Huerna, simulando que la prosperidad de la región dependía de rescatar un peaje prolongado durante 29 años por el Gobierno de Aznar.

La FSA propuso la pasada semana construir la incineradora y aprobar una Ley de Residuos, en respuesta a una petición realizada previamente por IU. Ante la mano tendida por la dirección socialista, los dirigentes de IU proponen invertir los términos de la secuencia: primero se negocia la ley y ya se verá luego lo que se hace con la incineradora. El orden de actuación que propone IU es lógico: en la ley se fijan los criterios y las medidas a tomar, y posteriormente se ponen en práctica.
El pasado mes, Gabino de Lorenzo se sacó de la manga el as de las plantas termoeléctricas para quemar residuos, y los socialistas se pusieron a valorar el uso de las cementeras para hacer esa función. El público no sabe a qué carta quedarse. ¿Es buena la incineradora? ¿Es más oportuno dedicar el último año del mandato a legislar sobre la materia? ¿Hay que dedicar instalaciones energéticas e industriales para quemar sin gastar en una planta de incineración? ¿Es posible endosarle la responsabilidad al vecindario, y que se ponga todo el mundo a casar los distintos colores de los recipientes con las diversas modalidades de basuras hasta dejar solucionado el problema de la saturación del vertedero?

Los tres partidos están mareando la perdiz, cuando lo único que hay que hacer es convocar al consejo de administración de Cogersa y que decidan el Principado y los ayuntamientos. No se puede convertir una cuestión instrumental, como es una planta de quemar residuos, en un debate conceptual, como si el Parlamento asturiano tuviera que legislar sobre la interrupción del embarazo. El mensaje de ineficacia que trasladan a la opinión pública es demoledor. ¡Qué bien viven todos!