El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado lo que ya sabíamos todos: los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a utilizar la llingua en sus comunicaciones verbales o escritas con la Administración. Digo que lo sabíamos todos porque así lo reconoce la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que no es precisamente de la última legislatura. El asunto llegó al alto tribunal porque un funcionario acudió a la vía contenciosa al negarle ese derecho la Consejería de Presidencia. El sentido común indica que las relaciones de los funcionarios con la Administración constituyen un caso particular de las comunicaciones de los ciudadanos con las instituciones, así que no se ve la razón para privar de ese derecho a los empleados públicos. Planteada la cuestión de constitucionalidad, a petición del juzgado de lo contencioso que llevaba el caso, el TC ha puesto punto final a la polémica.

La discusión sobre la normalización de la llingua en la vida social asturiana sería mucho más sencilla si en otras comunidades autónomas no se hubieran cometido verdaderos dislates a cuenta del bilingüismo. La multa a los dueños de los comercios en Cataluña si rotulan sus negocios en castellano, mientras que no ocurre nada si lo hacen en inglés, chino o árabe, refleja hasta qué punto la estupidez se ha adueñado de la clase política autonómica. Más grave es el papel que han reservado para el castellano dentro de la educación reglada en territorios como Galicia, el País Vasco, Las Baleares o Cataluña, donde se impide u obstaculiza desde la propia Administración que niños y jóvenes cursen estudios en la lengua de sus padres y abuelos. La gente demanda cine y periódicos en castellano, pero en los colegios está vetado.

En Asturias, somos unos afortunados por no sufrir esos problemas que envenenan la convivencia y suponen un engorro para las familias. Una de las claves para no vernos arrastrados a esas polémicas disgregadoras está en darle un cauce adecuado a la llingua. Negar la posibilidad de su uso es un despropósito, porque hablar en asturiano en nuestra región no puede ser igual que hacerlo en alemán o en ruso. El acierto en la cuestión de la lengua descansa en el sentido nacional de nuestros dos grandes partidos, PSOE y PP, una cualidad que no cabe extender a las organizaciones socialistas y populares de todas las comunidades autónomas.