El tijeretazo al gasto público autonómico es inevitable. Para el 23 de marzo, Elena Salgado ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de concretar los recortes presupuestarios de las comunidades. El Gobierno ha mandado a Bruselas el plan de estabilidad, que incluye una rebaja de 50.000 millones de euros en el gasto de las administraciones. 40.000 millones correrán a cargo del Ejecutivo central y ahora hay que ver cómo asumirán los gobiernos regionales los 10.000 millones que les corresponden.
A falta de una declaración oficial, los consejeros del Principado lo tienen claro: la cosa no va con Asturias. El Principado ya se apretó el cinturón y no queda cuero para más agujeros. Ana Rosa Migoya afirmó que el Principado tiene “una Administración tremendamente reducida, austera, y con los salarios más bajos de España”. Me imagino que se refiere a los sueldos de los políticos, porque en caso contrario se le van a echar los sindicatos encima pidiendo incrementos salariales.

Consejeros

La consejera portavoz recordó que el presupuesto pactado por PSOE e IU contiene el gasto. Congelar el sueldo de los cargos políticos es una medida obligada y moralizante, pero no se puede hablar de austeridad cuando el gasto alcanzó la cuantía más alta de toda la etapa autonómica. En un momento en que los ingresos se desmoronaron en más de 350 millones, el gasto global siguió aumentando. El complemento de la carrera profesional o el fuerte incremento de las subvenciones a la vivienda evidencian que el gasto del Principado es susceptible de moderarse a la baja.
En la Junta General del Principado, Jaime Rabanal puso en cifras el discurso de Migoya, al asegurar que desde que empezó la crisis el Gobierno regional recortó el gasto en dietas y teléfono, lo que unido a la congelación salarial de los altos cargos redundó en 170 millones de euros de ahorro. Si a base de teléfonos, comidas y viajes se puede ahorrar una cantidad tan estimable, es inimaginable lo que se podría dejar de gastar si se acometiera una revisión general de las partidas del presupuesto, empezando por la masa salarial de los 38.000 empleados, siguiendo por reformas en los servicios públicos y terminando por dar por zanjada la época de la incesante construcción de vías públicas como justificación del autogobierno.
El Principado acudirá a la cita con Elena Salgado con una propuesta bajo el brazo: el recorte del gasto deben acometerlo las comunidades que infringen sistemáticamente las previsiones de déficit y tienen un alto endeudamiento (Cataluña, Comunidad Valenciana). Para Rabanal, Asturias es un ejemplo de Administración comedida, porque con sólo 63 organismos autónomos es la segunda de menor tamaño. No creo que el número de organismos autónomos mida la moderación en el gasto, porque la Comunidad Autónoma de Madrid cuenta sólo con 137 entes y tiene casi seis veces más de población que Asturias. Sin embargo, el gasto público de Madrid no la convierte en el mejor ejemplo a seguir.
Lo más relevante de las declaraciones de los consejeros del Principado es que consideran que con unos ligeros retoques sobre el gasto corriente ya contribuyen a la rebaja del déficit público. El Principado no está mentalizado para hacer más reducciones.
Una mirada atenta a la actualidad nacional permite deducir que si en la primera parte de la legislatura las comunidades autónomas crearon un problema de primer orden al Estado con la negociación del modelo de financiación autonómica, ahora van a ser el principal escollo para cumplir los planes de austeridad enviados a Bruselas.
Sin embargo, con independencia de que gobierne Zapatero o Rajoy, las comunidades autónomas tendrán que reestructurar fuertemente su gasto: reduciendo funcionarios y clausurando centros de gasto. La famosa política de la “cercanía de los servicios públicos” no es financiable con la actual crisis económica.

Las autovías

No consiste sólo en controlar el gasto telefónico, sino que hay que tener algunos conceptos claros. A los gobiernos regionales les toca gestionar los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia), pero no tienen que construir una red de autovías autonómicas. El Principado va a sacar a información público el anteproyecto del tramo, Avilés-Llanera, de la AS-III. Dieciocho kilómetros de autovía que costarán 244 millones de euros. Desde hace muchos años cualquiera puede ir por doble calzada de Avilés a Llanera, viajando por la “Y”, así que la obra que se anuncia es un lujo para una época de crisis económica. Eso de crear una malla de autovías por el centro de la región le sonará muy bien al elector o al constructor, pero es un auténtico despilfarro. Para no agobiarnos se anuncia que se costeará por el método del “peaje en la sombra”, así que la pagaremos unos años más tarde, pero con intereses.
El consejero de Infraestructuras, González Buendía, rechaza que el Gobierno central incluya entre los recortes del gasto a la autovía de La Espina a Ponferrada. Para argumentarlo, recuerda un objetivo de la inefable Magdalena Álvarez: que todos los pueblos están a media hora de una autovía. En cumplimiento de esa meta reivindica la autovía La Espina-Ponferrada, sin reparar en que la vía apenas tendrá tráfico. Si le hacemos caso a González Buendía, el Ayuntamiento de Gijón debería hacer pasar cada cinco minutos un autobús municipal por todos los núcleos de la zona rural.