La propuesta de Álvarez Areces de abrir un amplio debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal e introducir modificaciones en la aplicación de la Ley de Dependencia resulta muy oportuna. La situación presupuestaria de las administraciones ha dado un vuelco en este invierno, cuando el elevado déficit público ha encarecido la operación de financiarse con emisiones de deuda. La bancarrota de Grecia ha encendido todas las alarmas y el Gobierno central ha cambiado la orientación de los presupuestos, comprometiéndose ante Bruselas a recortar los gastos. Nunca los presupuestos anuales del Reino de España habían tenido tan corta vigencia: el mes de enero. Las comunidades autónomas tienen que hacer lo propio con sus cuentas anuales, y para reducir el déficit hay que acudir a dotarse de más ingresos y disminuir los gastos. ¿Qué gastos?

La idea de convertir en intocables los gastos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales es propia de tiempos preelectorales, donde los políticos oportunitas se esfuerzan por ganar el favor del público contándole mentiras. El dinero empleado en curar a los enfermos, educar a los jóvenes y atender a las personas dependientes representa más del 65% de los presupuestos. Si quitamos el capítulo de inversiones, el gasto en los servicios citados supone el 90% de todo el gasto público. Es imposible acometer una reducción presupuestaria dejando incólume las partidas del gasto social. El presidente Areces plantea reorientar la aplicación de la Ley de Dependencia antes de extender las prestaciones a las personas con un bajo grado de dependencia. No se ve la forma de aumentar la financiación, porque en estos momentos el Gobierno central, agobiado por la pérdida de la recaudación tributaria y teniendo que atender el galopante crecimiento de las subvenciones al desempleo, no está aportando los recursos necesarios para las 500.000 personas que reciben ayudas en España, recayendo esa tarea sobre las exhaustas arcas de las regiones.

IU se niega a ver esa realidad, y hace bandera de la aplicación de la Ley de Dependencia, como si el gasto social se pudiera autorizar sin cobertura financiera. El debate que pide el presidente asturiano es necesario o el año que viene desembarcamos todos en el puerto de El Pireo.