Las negociaciones en el palacio de Zurbano fracasan y el país siente fatiga ante los anuncios de acuerdos históricos que dejan las cosas como estaban. Para aprobar los presupuestos basta con fraguar una componenda con grupos minoritarios, pero para solucionar los verdaderos problemas de España y de Asturias es preciso el pacto PSOE-PP. En Madrid y en Oviedo. Para comprobarlo, nada mejor que ilustrarlo con varios ejemplos de la política nacional y regional.
De la controversia sobre las negociaciones con ETA, de la pasada legislatura, se ha pasado al acuerdo entre el Gobierno y el PP. Desde entonces no se discute sobre terrorismo, sólo se habilitan celdas para los terroristas. Una tras otra, las sucesivas direcciones de la organización etarra quedan detenidas y comienza el viaje en busca de papeles: de la Policía al juez, y del juez a la jaula. Zapatero, Rajoy, Patxi López y Basagoiti están de acuerdo, el resto del trabajo es cosa de funcionarios.

Incineradora

La intención del PSOE de construir una incineradora en Serín se topó con el rechazo del PP, IU y los ecologistas. Los argumentos contra la incineración venían envueltos en prejuicios: la incineradora es un atentado contra la salud y el medio ambiente. De poco vale publicitar el estudio de varios departamentos universitarios, coordinados por el profesor Coca, que demuestran la ausencia de emisión de dioxinas en las incineradoras de nueva generación, donde la combustión se realiza a una temperatura superior a los 850 grados. Tampoco sirve argumentar que destacadas capitales europeas tienen incineradoras en el casco urbano. Es inútil hablar de la saturación del vertedero, porque la variopinta alianza tiene a mano una solución utópica: reciclar todas las basuras; en ninguna región se logra reciclar más de un 60% del material vertido, pero los objetores de la incineradora consideran que es posible. Puestos en la disyuntiva de escoger entre vertedero e incineradora, la alianza de los discrepantes no tiene dudas: dejar las cosas como están hasta la próxima legislatura.
El panorama conoció un cambio radical cuando los socialistas decidieron hablar con el PP y el partido de la oposición dio el visto bueno a la incineradora. Ante la gran coalición, PSOE-PP, las quejas de los discrepantes carecen de entidad, y la decisión sobre la incineradora pierde dramatismo. IU queda en un papel incómodo, al formar parte del Gobierno sin decidir sobre las cosas que gobierna.

Déficit

La cuestión más urgente en la política española es la reducción del déficit público. El PP no quiere llegar a un acuerdo fuerte con el Gobierno, para mantener intacta su ventaja en los sondeos electorales. Sin el PP, Elena Salgado puede realizar acuerdos de detalle con grupos minoritarios (PNV, CC, CiU) sobre la reducción del IVA en los servicios sociales o en la rehabilitación de viviendas, pero no puede abordar las reformas que dan solidez a las cuentas públicas: congelación salarial plurianual para los empleados públicos, introducción del copago sanitario, establecimiento de un techo de gasto en la dependencia, elevación de la edad de jubilación. Para introducir reformas estructurales hace falta el concurso de la gran coalición PSOE-PP.

Sama-Velilla

Hace 26 años que se anunció la construcción de la línea de alta tensión Sama-Velilla para solucionar el déficit de transporte eléctrico de nuestra región, comunicada con el resto de España por dos líneas viejas (Lada-La Robla y Soto-La Robla) que han estado a punto de provocar apagones catastróficos para la industria. El PP asturiano, la Diputación de León, IU y el Ayuntamiento socialista de Aller suman sus fuerzas contra el progreso, dispuestos a impedir que postes y cables formen un corredor en el paisaje. Dicen que la línea Sama-Velilla no es necesaria y que responde a intereses económicos.
La coalición de inmovilistas prefiere ignorar que las dos líneas existentes van a parar a la subestación de La Robla, con lo que un accidente podría matar dos pájaros de un tiro y dejar el área central a oscuras. En los últimos ocho años, por dos veces estuvo a punto de producirse la catástrofe: el 15 de abril de 2002 y en enero de 2004.
El 67% de la energía que se consume en Asturias tiene uso industrial, así que llevan razón los obstruccionistas: los intereses económicos empujan a construir Sama-Velilla. Si Alcoa, Asturiana de Zinc o ArcelorMittal quedaran dañadas, las pérdidas podrían medirse en miles de millones de euros. Un retroceso histórico para la región en términos de riqueza y empleo. En privado, los responsables del Principado llegan a decir que un apagón podría destrozar cubas electrolíticas causando pérdidas superiores a los 1.500 millones de euros en una sola empresa. Este sería el rasgo diferencial del apagón eléctrico en Asturias, con respecto a lo sucedido hace quince días en Cataluña. Pero no es bueno decir las cosas descarnadamente para que todos puedan dormir tranquilos.
El actual trazado Sama-Velilla cuenta con el informe favorable del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fue escogido entre ocho alternativas posibles. Resulta inaudito que el PP asturiano utilice las líneas de alta tensión en su estrategia opositora. Por cierto: ¿qué dice el SOMA? Las explotaciones de carbón son un subsector eléctrico, así que los sindicatos mineros deberían ser los primeros en demandar su construcción. La gran coalición PSOE-PP acabaría con el rechazo y los silencios del nuevo tendido eléctrico.