La crisis dispara las peticiones de ayuda, desde los particulares a las administraciones, y dentro de éstas, las de menor tamaño piden apoyo a las grandes. Las corporaciones municipales no cubren el gasto corriente con los ingresos ordinarios, y quieren un trozo de la tarta de la recaudación autonómica. Como el Gobierno central inyecta dinero a través de la financiación de obras públicas, la mirada de los alcaldes va dirigida a los gobiernos autonómicos. Los ayuntamientos se han marcado como objetivo estratégico la obtención de un porcentaje sobre la recaudación de los tributos de las comunidades. Mal momento para plantear esa demanda, porque las finanzas de los gobiernos regionales están muy descompensadas, y si su situación no es tan angustiosa como la de las corporaciones municipales se debe a que tienen más margen para acudir a la deuda. Es muy difícil que una administración endeudada le ceda ingresos a otra arruinada.

La economía de los ayuntamientos va a tener a corto plazo una solución provisional, que consiste en mantener los planes de financiación del Gobierno central, pero en vez de ir dirigidos a subvencionar remodelaciones urbanísticas, actuaciones en medio ambiente o proyectos de investigación, que vayan enteramente destinados a financiar gasto corriente. En el último plan ya hay un porcentaje previsto para esa finalidad, y ahora hace falta que se liberen los fondos estatales de destinos concretos. Por decirlo en una jerga muy familiar para los alcaldes: que las subvenciones no sean condicionadas. Sin tecnicismos: para lo que les dé la gana.

Seguro que los ayuntamientos consideran insatisfactoria la cuantía de los fondos estatales, pero no hay otro recurso. La verdadera solución empieza por donde menos le gusta a los alcaldes: recorte de gastos. No estoy pensando en congelar el sueldo de los políticos, limitar fotocopias o mostrar celo en apagar la luz cuando un negociado queda vacío, sino en abandonar actividades que dan mucha presencia al Ayuntamiento ante sus vecinos, pero no hay dinero para financiar. Los ayuntamientos están obligados a perder tamaño, tras tres décadas de ganar volumen, presupuesto y poder. La bancarrota de algunos consistorios andaluces es la punta del iceberg de la problemática municipal que consiste en gastar como ricos ganando como pobres.