El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha dictado una resolución sobre el expediente abierto por la desaparición de parte del archivo personal de Álvarez-Cascos y la aparición de documentación del ex ministro en un contenedor de la vía pública gijonesa. En la resolución se exculpa a la presidenta del PP gijonés de cualquier responsabilidad en el asunto, al constatar que en la sede del PP existe suficiente documentación sobre etapas pasadas del partido. En cuanto al material encontrado en el contenedor, la investigación abierta por el Comité Nacional de Derechos y Garantías no ha logrado encontrar la causa. En la resolución interna del PP se descarta la incoación de un expediente sancionador, aunque se está a la espera del dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos.

Fuentes de la dirección local del PP manifiestan que esperaban una resolución de esas características y han mostrado su satisfacción porque del informe del órgano de control del PP se deduce que se hicieron bien las cosas. No sé si esperaban una resolución semejante, aunque estoy seguro de que aspiraban a ello. Desde que surgió este asunto, la posibilidad de verse atrapados en un expediente sancionador era una amenaza que gravitaba sobre las cabezas de la dirección del PP gijonés. Jueves Santo se convirtió para el equipo de Pilar Fernández Pardo en un día de gozo. Ahora quedan a la espera de que la Agencia Española de Protección de Datos construya un dictamen políticamente correcto.

Mientras unos descansan, otros se preparan para la guerra. La Autoridad Portuaria de El Musel asegura que va a llevar a Álvarez-Cascos a los tribunales por considerar una nadería el sobrecoste del velódromo de Palma Arena en comparación con el de El Musel. Si nos guiamos por las matemáticas, el sobrecoste de El Musel es mucho más grande en términos absolutos (216 millones contra 50) y más pequeño en términos relativos (no llega al 50%, frente al 100%). En cualquier caso, ni el velódromo de Palma Arena ni la ampliación de El Musel suponen ningún récord ni por cantidad ni por porcentaje. Aquí al lado, un ayuntamiento con ínfulas culturales ejecutó algún equipamiento con un sobrecoste cercano al 1000%. Y no pasó nada. Lo que no entiendo es el motivo de la querella, porque criticar el excesivo gasto de la ampliación portuaria, sin más, no es ningún delito.