Los asesores del Gobierno consideran que la supeditación de las reformas económicas al pacto político retrasa la salida de la crisis. Se equivocan. Es impensable la introducción de reformas sin contar con una mayoría parlamentaria suficiente. Los decretos-ley hay que convalidarlos en el Parlamento y sin la alianza con otros grupos cualquier proyecto naufraga. La enorme tarea de luchar contra la crisis obliga a buscar el respaldo de mayorías amplias. El problema del Gobierno no estriba en primar el pacto político, sino en tratar de hacer un remiendo parlamentario con grupos minoritarios sobre bases endebles. Desde la sesión de investidura, Zapatero renunció a gobernar con unos socios estables, sacando adelante los proyectos a través de largas negociaciones con una variedad de grupos a los que hizo complejas concesiones. De esa forma aprobó los Presupuestos Generales del Estado. Esa táctica sirve para la política diaria, pero no vale para aprobar un conjunto de reformas que llevan implícitas renuncias y sacrificios.

Con el PNV y Coalición Canaria, por un lado, o con CiU, por el otro, no se puede cambiar el modelo de contratación laboral, subir impuestos, detener la aplicación de la Ley de Dependencia, dictar la congelación salarial de los funcionarios, retrasar la edad de jubilación y pactar una reducción radical del gasto con las comunidades autónomas. La tercera posibilidad, que es una alianza con IU, ERC y BNG, ni siquiera la considero, porque con el programa expuesto la negociación no pasaría de la primera reunión.

En este país conocimos un modelo eficaz de acuerdos político-económicos, con introducción de reformas, que fue el desarrollado en los Pactos de la Moncloa. Un modelo muy distinto de la negociación en el palacio de Zurbano que llevó adelante el tridente Salgado-Blanco-Sebastián. La gravedad de la situación exigía una convocatoria al máximo nivel a todos los partidos parlamentarios, realizada por Zapatero, y con una agenda de las reformas que se necesitan aprobar. Frente a ese planteamiento nos encontramos con conversaciones bilaterales centradas en aplicar el IVA superreducido a tal o cual servicio o mercancía. El déficit público sigue aumentando en 2010, porque los gastos crecen más de lo presupuestado y los ingresos son menores de lo previsto. Se agrava la enfermedad.