El Principado se ha comprometido a recortar 149 millones de euros del gasto total presupuestado para este año. Esa disminución forma parte del objetivo global de las comunidades autónomas de reducir en 10.000 millones el déficit público. El Gobierno regional había adelantado que con la reducción de empresas y organismos públicos, la congelación de la oferta de empleo y la actualización de algunas tasas, iba a rebajar el déficit en 149 millones. Ahora, Ana Rosa Migoya, consejera portavoz del Gobierno, ha añadido otro filón de ahorro: el gasto sanitario, educativo y en servicios sociales. Para no crear inquietud entre la opinión pública, la consejera ha aclarado que el recorte se producirá sin merma en la calidad de los servicios públicos, porque hay estructuras burocráticas susceptibles de recortes.

Bueno es que el Principado, como el resto de las comunidades autónomas, se prepare mentalmente para utilizar las tijeras en todas las partidas del presupuesto. No existen áreas acotadas, cuyas partidas presupuestarias sean intocables. Otra cosa es que el Gobierno regional tenga prioridades. Por ejemplo, es mucho más sencillo reducir el gasto en vivienda o en cooperación que recortar el gasto en sanidad. Pero dentro del propio gasto sanitario también hay que drenar las partidas, porque no se puede dar por bueno que el crecimiento anual de las partidas dedicadas a la salud crezcan el doble o el triple que el conjunto de los presupuestos. No se trata de tener una sensibilidad ideológica determinada, sino de una constatación material: no hay dinero para satisfacer ese crecimiento de la demanda.

“Mantener la calidad de los servicios públicos” es una expresión mil veces repetida por toda la clase política. Se decía cuando creábamos el 40% del empleo de la eurozona y se dice cuando generamos el 40% del paro de la zona euro. ¿No se redujo el nivel de vida de los españoles con los dos millones de nuevos parados desde que empezó la crisis económica? Es imposible mantener la calidad de los servicios públicos cuando se ha desplomado la cuantía de los ingresos públicos. Repito: una cosa es tener prioridades, y acometer antes la reducción del gasto en cultura, infraestructuras o medio ambiente, y otra negar los recortes en los llamados servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Hablemos claro.