Durante el fin de semana, parte de la cúpula del Gobierno, Zapatero y la vicepresidenta económica Elena Salgado, decidieron dar un tajo al gasto público, recortando en 15.000 millones de euros las inversiones y el gasto corriente, de forma que a lo largo del presente ejercicio se ahorrarán 5.000 millones y 10.000 más el próximo año. Una noticia de alcance que no fue precedida de ningún debate y que se tomó para tranquilizar a los países de la eurozona, así como para calmar a los mercados que cada vez recelaban más de la deuda pública española.

Veinticuatro horas más tarde, el secretario de Estado, Carlos Ocaña, ha advertido que parte del ajuste lo tendrán que hacer las comunidades autónomas, pero sin especificar qué parte de los 15.000 millones corresponderán al Gobierno central y cuál será la contribución de los gobiernos regionales. Hace tres meses, el Gobierno remitió un plan de recorte de gastos a Bruselas, cifrado en 50.000 millones, de los que sólo un 20% corría por cuenta de las comunidades. Si se mantuviera esa proporción en el nuevo recorte el esfuerzo de los gobiernos autonómicos sería de 3.000 millones. Al análisis de las cantidades hay que añadirle la urgencia de los plazos, porque los 15.000 millones se tendrán que dejar de gastar entre lo que queda de ejercicio y el próximo año.

Pese a las buenas intenciones, en el primer cuatrimestre del año el déficit público ha aumentado en un 15%, cuando se pretendía reducirlo en dos puntos. Hasta ahora los planes de austeridad del Gobierno carecen de credibilidad. Veremos qué pasa en el futuro. El Principado tendrá que apretarse más el cinturón, porque a los 149 millones de euros que se había comprometido a retirar del gasto público habrá que sumar la cuota que nos corresponde (¿60 millones?) del anuncio hecho por Carlos Ocaña. Ramón Quirós dice que está llegando al límite en el control del gasto sanitario, mientras que Noemí Martín rechaza cualquier tipo de recorte en Bienestar Social. La consejera de IU asegura que necesita más dinero para las prestaciones para la Dependencia. El presidente Areces tiene que pilotar esta política de austeridad sin que existan privilegios para ninguna consejería. A mi entender las prioridades en el gasto social están muy claras: pensiones y subsidio del desempleo, por parte del Gobierno central, y Sanidad en la política autonómica.

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