Pese a las medidas extraordinarias tomadas por el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el FMI, las bolsas y el euro cotizan a la baja. Las dudas sobre los eslabones débiles de la eurozona (Grecia, Portugal y España) siguen presentes. En el caso español se alzan interrogantes sobre el plan de ajuste adicional presentado el miércoles en el Parlamento. En una atmósfera propensa a la angustia y el desánimo, repasemos algunas certezas.
El plan presentado por Zapatero es sustancialmente correcto. Desde que empezó la crisis económica, por primera vez el presidente abandona el discurso buenista y toma decisiones sensatas. Soy consciente de que no es el líder más idóneo para imponer medidas restrictivas, pero apenas ha rebasado el ecuador del mandato y el Parlamento ha apoyado sus presupuestos.

Funcionarios

La medida más llamativa es el recorte de un 5% en el salario de los funcionarios. No hay precedentes de una merma así y, sin embargo, es la propuesta que puede tener más influencia sobre la reducción del déficit y la que despeja más interrogantes. Irlanda, con una situación desastrosa, redujo entre un 10% y un 20% los sueldos de los empleados, y su deuda soberana se ha estabilizado en los mercados. Además, es la única medida que puede afectar al mercado de trabajo, ya que si los empleados públicos van a ganar menos, será más fácil que se moderen las alzas salariales en el sector privado. Esto tiene una importancia capital, que se puede explicar en dos palabras: con el consumo a la baja por el paro y el desplome del gasto público, la vía de crecimiento tiene que venir por la demanda externa y para vender en Francia, Alemania o Portugal (nuestros principales socios) hay que tener unos costes más bajos.
La renuncia a la retroactividad aplicada a los beneficiarios de la Dependencia es una señal en el buen camino que debe ser completada congelando la extensión de las prestaciones a aquellas personas que tengan simples impedimentos leves en su autonomía personal, como han propuesto Areces y Feijóo. En cuanto a la mengua de las inversiones en infraestructuras no es un drama, dado el volumen de recursos aplicados en los años de bonanza. Mejor nos vamos olvidando de proyectos como la vía de La Espina a Ponferrada o el túnel de El Fito, cuando el Ministerio de Fomento ya ha renunciado a construir la autovía del Mediterráneo (A-7), paralela a la autopista de peaje.

Lobby del gasto

De todos los recortes el más problemático es el aplicado a las pensiones, aunque un tercio de los pensionistas no se verán afectados por la congelación. Con todo ello quiero decir que el ajuste es importante, pero no especialmente duro, si la inflación se mantiene en niveles bajos. Ahora bien, la aplicación del recorte presenta muchas dudas, por la fuerza del lobby del gasto público: sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Los sindicatos, desairados por el plan de Zapatero, van a vender mucho más caro el precio del acuerdo sobre la reforma laboral. Si Zapatero no suaviza el ajuste (lo que sería un grave error), la reforma laboral quedará en el aire. Las posibles huelgas también crearán incertidumbres sobre España en los mercados internacionales.
No obstante, el mayor problema va a estar en las comunidades autónomas que lograron el verano pasado una transferencia de 11.000 millones por parte del Estado, y ahora tendrán que devolver gran parte de lo asignado y hacer ajustes. Ahí está el caso de Cataluña que anteayer le rebajaba la calificación crediticia la agencia Standard & Poor’s.
Todas las partidas de los presupuestos autonómicos deben ser revisadas. Nada es inamovible. Hay ajustes extraordinarios de inversiones y gastos que se deben hacer cuando la credibilidad del “valor España” presenta dudas en los mercados por primera vez en la democracia, fruto de un déficit y gasto público decidido por políticos que se desentienden del bien del Estado.

Burócratas y dietas

En este contexto resultan esperpénticas algunas polémicas como la abierta por la Consejería de Bienestar Social al denunciar un retraso de cinco meses en el pago del salario social porque quedaron vacantes cuatro plazas en el servicio de tramitación de peticiones y no son cubiertas por el Principado. Han leído bien, la ausencia de cuatro puestos burocráticos detiene la gestión de una prestación esencial porque no hay ningún jefe en la Consejería de Bienestar Social capaz de mandar ocupar esas plazas a otros cuatro funcionarios de todos los que tienen a sus órdenes. ¿Podemos permitirnos esos comportamientos estas alturas? ¿En qué empresa privada del mundo se funcionaría así? ¿Están nuestros gestores políticos preparados para los años de austeridad y ahorro que nos esperan?
Me encanta que los miembros de la Junta General del Principado se rebajen un 15% el sueldo, aunque ese recorte para el déficit público sea el chocolate del loro. Pero puestos a hacer un gesto de sinceridad que lo hagan sin doblez: además de reducir los 2.900 euros del sueldo líquido, que anulen los suculentos extras que tienen los diputados que viven fuera de Oviedo, como el cobro de kilometraje los 365 días del año desde su domicilio hasta la capital, ida y vuelta, aunque no se muevan ni la mitad de los días. Por ese método, un buen grupo de diputados ganan bastante más dinero que los consejeros de Gobierno.
El otro día demandaba Ovidio Sánchez la supresión de los 62 asesores del Gobierno regional, como gesto de austeridad. ¿Ha renunciado el grupo parlamentario del PP a los 12 asesores y técnicos que le auxilian en su agotadora labor de oposición? El drama del plan de austeridad se convierte en comedia regional cuando se da una vuelta por el mapa autonómico.