El Gobierno de coalición se apresta para vivir el mayor conflicto interno desde su constitución. La adaptación del plan de Zapatero de lucha contra el déficit público a las coordenadas asturianas enfrenta a los dos socios, PSOE e IU. Como prólogo del previsible choque, IU votó con el PP contra la congelación de las pensiones, un asunto que no tiene ninguna consecuencia práctica, pero que permite a IU desempeñar el rol de grupo opositor.
En el último Consejo de Gobierno se presentó el plan de ajuste del gasto público que alcanza los 210 millones de euros, en el que está incluida la rebaja del sueldo a los funcionarios. Un recorte que no será del 5% anunciado por Zapatero para todos los empleados públicos, sino que se aplicará en proporción al sueldo que ganan. La intención de modular la rebaja es muy loable, pero considero un tanto difícil que, por ejemplo, los médicos, un colectivo profesional que cuenta las huelgas por triunfos, vayan a admitir una rebaja que exceda el 5%. La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, añadió la guinda al plan de recorte de gastos: subir el tipo impositivo en el Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes que ganen más de 100.000 euros anuales. Una medida en línea con las aprobadas por los órganos ejecutivos de Cataluña y Baleares.

Fiscalidad

IU entendió que la propuesta realizada por la portavoz era un punto de partida y elevó las demandas fiscales, al pedir la subida del gravamen para las rentas que excedan de los 60.000 euros, así como la necesidad de retocar algunos tributos, como el Impuesto sobre Sucesiones o Actos Jurídicos Documentados, y la ampliación de la fiscalidad verde. Jesús Iglesias explicitó el trueque: si los socialistas quieren bajar el sueldo a los funcionarios tiene que ser a cambio de aceptar las subidas fiscales de su grupo.
Aunque Ana Rosa Migoya adelantó que las propuestas de IU son negociables, el margen de maniobra es muy limitado. La propuesta estrella de IU y la que más ingresos puede aportar es la elevación de la presión fiscal a los ciudadanos que ganen más de 60.000 euros. En principio, ninguna comunidad autónoma va a tomar una medida tan avanzada. La idea lanzada por Zapatero de poner un impuesto especial a los ciudadanos que declaren mayores ingresos buscaba hacer ver a funcionarios y pensionistas que las cargas de la lucha contra el déficit del Estado se compartían con los poderosos. Esta imagen se rompe con la contrapropuesta de IU. Si una familia ingresa 60.000 euros puede tener una posición económica desahogada, pero no forma parte de ninguna elite de privilegiados. Para el PSOE es muy peligroso en vísperas electorales que las clases medias recelen de su política tributaria.
El acuerdo entre PSOE e IU es fácil en algunas tasas, como el canon de saneamiento, que forma parte de la fiscalidad verde. Lo que pagan los ciudadanos actualmente no cubre el coste del servicio. También los socialistas pueden ceder algo en otras figuras fiscales, pero rebajar la tarifa especial del IRPF de los 100.000 euros a los 60.000 es impensable.

Reparto

El otro núcleo de la disputa está en la distribución del recorte de gastos entre consejerías. El acuerdo alcanzado con el Gobierno central, en el mes de febrero, supuso la aceptación de un ajuste de 149 millones del actual presupuesto. Con el plan presentado por Zapatero el 12 de mayo en el Congreso de los Diputados, les corresponde a las comunidades autónomas prescindir de otros 1.000 millones. Asturias va a recortar 61 millones. En total, se trata de hacer un ajuste a la baja del presupuesto regional por un total de 210 millones. Hasta la fecha no hubo atisbo de negociación entre PSOE e IU. Es de prever que IU pretenderá dejar intocables las partidas de sus dos consejerías. Noemí Martín reclamará cuatro funcionarios más para tramitar las prestaciones de salario social que llevan varios meses de retraso, porque ya se sabe que docenas y docenas de funcionarios aumentan exponencialmente su productividad cuando se añaden otras cuatro mesas a su lado. El desarrollo de la Dependencia también obligará a IU a pedir más recursos. En resumen, en vez de recortes, IU planteará ampliaciones.
El socio minoritario de la coalición deberá decidir dónde va a plantear la negociación: en el seno del Gobierno o en el Parlamento. Es probable que opte por dejar que el proyecto de ley sea enviado a la Cámara, donde estarán los diputados del PP prestos para encontrar un compañero de viaje que obstaculice la iniciativa del Gobierno. Tanto en la cuestión de la fiscalidad, como en el recorte de gastos, parece que la elasticidad de la oferta socialista no va a servir, en principio, para integrar las reivindicaciones de IU.
En caso de producirse un rechazo parlamentario, el Gobierno está obligado a tramitar el ajuste fiscal por vía de decreto, pero entonces no podrá modular la rebaja de sueldo de los funcionarios y tendrá que acudir a recortar otros conceptos de la nómina, como las horas-extra, guardias, peonadas, etcétera. Es probable que la cantidad ahorrada por esa vía no sea suficiente y haya que prescindir de dos centenares de funcionarios interinos.
Llegados a este punto, toca preguntarse si el Gobierno de coalición resistiría el doble rechazo: los socialistas desairados por la negativa de la Cámara a dar luz verde al ajuste fiscal y, posteriormente, IU humillada por vía de decreto.
Es muy probable que, simultáneamente, Zapatero tenga que aprobar la reforma laboral sin el acuerdo de los agentes sociales, y que los sindicatos respondan con una convocatoria de huelga general. En ese escenario, la coalición asturiana del PSOE e IU comenzará a caminar por el alambre.

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