Si en una situación convencional, como la que atravesaba España hace cuatro o cinco años, el Gobierno plantea una rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los funcionarios, la convocatoria de una huelga en la Administración pública tendría un respaldo cercano al cien por cien. Han bastado tres años de crisis económica en el mundo y dos en España, con un saldo de cuatro millones y medio de parados y unas expectativas económicas horribles, para que la llamada al paro de UGT, CCOO y CSIF haya tenido un seguimiento muy inferior al que aspiraban las organizaciones convocantes. En los dos grandes servicios públicos, Sanidad y Educación, el paro ha oscilado entre lo meramente testimonial y lo claramente minoritario. Para la inmensa mayoría de los usuarios de la Sanidad y la Educación la huelga ha pasado inadvertida, porque la actividad ha sido como la de un día normal de trabajo.

Hay algunas razones que pueden explicar la falta de respaldo a la huelga. Algunos de los llamados sindicatos profesionales, como los que agrupan a los médicos o los ATS, no firmaron la convocatoria. No obstante, el argumento para apuntarse a la huelga era tan relevante (descenso del cinco por ciento en el sueldo), que las verdaderas razones tienen que ser de otra naturaleza. Tras dos años de estar zarandeados por la crisis económica, todo el mundo es consciente que la pérdida de derechos económicos y sociales es inevitable. Los más conscientes de ello son los 2,2 millones de trabajadores que pasaron a engrosar la lista del desempleo. Al lado de esa pérdida, la rebaja del 5% del sueldo no pasa de ser un ligero contratiempo. La inmensa mayoría de los trabajadores firmaría perder un 10% del salario si de esa forma quedara garantizado su empleo en la próxima década. El plan de ajuste de Zapatero no se diferencia del que se aprestan a aplicar en Alemania, Inglaterra, Italia o Portugal. Bien es cierto que la cura de realidad es muy reciente en España, porque todavía hace unos meses la vicepresidenta De la Vega firmó con los sindicatos un incremento del 0,3% en el sueldo de los funcionarios para el año 2010.

Llama la atención que durante el negro año de 2009, el peor de los últimos cincuenta años para la economía española, los sindicatos no convocaran ni un paro, aunque se perdieron más puestos de trabajo que nunca. Es difícil pasar de la indiferencia a la acción.