El Consejo de Gobierno ha aprobado el ajuste fiscal que comporta reducción de sueldos para los funcionarios y elevación de tributos para los ciudadanos. El recorte de salarios aportará 40 millones de euros a la tesorería regional, la misma cantidad que la subida de impuestos y tasas. Se trata de un avance muy limitado para equilibrar el presupuesto, comparado con las críticas que provoca. El reconocimiento de la carrera profesional, para el conjunto de los trabajadores del Principado, supone cerca de 90 millones de euros, mientras que el arsenal de nuevas medidas fiscales no aporta más de 40 millones a la comunidad autónoma. Es un plan necesario, pero tendrá que ser continuado con otras propuestas, si se quiere embridar el déficit público y desandar el camino del creciente endeudamiento.

Los consejeros de IU mostraron su oposición al ajuste fiscal y auguran una larga y compleja tramitación parlamentaria del proyecto de ley. El grupo minoritario del Gobierno exige a los socialistas que eleven la presión impositiva en el IRPF a las personas que tengan unos ingresos superiores a los 60.000 euros. Hasta hace un par de días, esta propuesta no pasaba de ser un intento aislado de IU en Asturias, pero el panorama ha cambiado porque el Gobierno socialista de Extremadura ha elevado esa medida a carácter de norma. De manera análoga, en Andalucía habrá un tipo impositivo más alto para los ciudadanos que ganen más de 80.000 euros.

Comprendo que el Estado de las Autonomías es, por definición, una llamada a la pluralidad. Cada gobierno es libre para decidir sobre los impuestos que están bajo su competencia. No obstante, llama poderosamente la atención que cada gobierno autonómico socialista haga lo que le venga en gana con el IRPF, el principal impuesto de España. No estamos hablando del céntimo sanitario o sobre cualquier pequeño tributo, sino sobre un impuesto que junto con el IVA financia dos tercios de las inversiones y del gasto en servicios públicos. La crítica de IU es muy oportuna, porque incide en las contradicciones del partido con el que gobierna. Con independencia de lo que resulte al final del trámite parlamentario, el sentido común empuja a decir que una región, como Extremadura, donde el 33% de los puestos de trabajo están en la nómina del Gobierno y los ayuntamientos, no puede ser un modelo para Asturias.

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