El fracaso de la huelga de los funcionarios ha hecho mella en la cúpula de las dos grandes centrales sindicales. En cualquier otra coyuntura de la etapa democrática el recorte del 5% en el sueldo de los empleados públicos hubiera provocado una respuesta masiva, con desbordamiento de los servicios mínimos. En esta ocasión, los trabajadores no han querido perder el salario de la jornada de trabajo, aunque a la tarde hayan acudido a manifestarse bajo la lluvia. De tal actitud cabe sacar algunas conclusiones.
La rebaja de los sueldos se acepta como un hecho consumado, pese a que estaba firmado con el Gobierno un aumento de salarios del 0,3% para el presente año. Los trabajadores observan que el recorte de derechos económicos y sociales no es una característica de la política española, sino toda una realidad europea. La crisis económica no permite políticas alternativas y la población asume los sacrificios, aunque sean ingratos.
Huelga general
El desgaste que provoca la crisis en el Gobierno también afecta a los agentes sociales que apoyaron a Zapatero hasta el pasado 12 de mayo, cuando el presidente desveló en el Congreso de los Diputados el plan de ajuste fiscal. El fracaso del paro de los funcionarios ha hecho que la presentación del modelo de reforma laboral, elaborado por el Gobierno, no haya sido contestado con una convocatoria de huelga general inmediata, para la que ya estaba reservada fecha: 28 de junio. De la contundencia se ha pasado al titubeo, y es probable que la decisión no se concrete hasta después de las vacaciones.
El bloque político y social de izquierdas que acompañó a Zapatero durante las etapas de bonanza y de recesión económica se ha resquebrajado. La alianza del presidente con los sindicatos, IU y algunas formaciones nacionalistas de izquierda ha dado paso a la divergencia. La estrategia de obtener ventajas políticas a cambio de concesiones económicas y sociales es improrrogable, porque en la actual crisis económica esa política ha llevado a pasar del superávit a tener un déficit público del 11,2% sobre el PIB.
El Principado
Pese a las grandes diferencias que hay de perfil político entre Zapatero y Álvarez Areces (el presidente asturiano no tiene ni un pelo de posmoderno), en Asturias el bloque de izquierdas también fue una realidad durante los dos últimos mandatos. La estrategia socialista ha consistido en tender puentes hacia los sindicatos y en mantener la alianza con IU. La primera obligación de un presidente es desarrollar una política que tenga el visto bueno del Parlamento. El beneficio de esa política está a la vista de todos: la estabilidad política de las dos últimas legislaturas. Lo que no se ha evaluado es el coste de la estabilidad, o por decirlo con otras palabras: lo que se ha hecho o dejado de hacer por haber sentado a IU en el Consejo de Gobierno y firmado grandes pactos con los agentes sociales.
El bloque de izquierdas asturiano tiene una característica que le distingue del ahormado por Zapatero: carece de alternativas para el socialismo. En Madrid, el Gobierno estuvo seis años caminando por el carril de la izquierda, pero en votaciones parlamentarias clave se alió con otro tipo de fuerzas. En cuanto a los agentes sociales, su peso sólo se hizo patente cuando empezó la recesión económica. En el Principado no cabe el diálogo con otras fuerzas ni hay un solo día en que los sindicatos estén ausentes. El margen de maniobra para el socialismo es menor en Asturias y el peaje a pagar es más alto.
La dinámica política discurre en nuestra región de la siguiente manera. Los sindicatos presentan sus demandas que pasan a constituir parte fundamental del programa político de IU. A partir de ahí avanza la presión social, la controversia en el Gobierno y se abren dudas sobre la mayoría parlamentaria. Veamos un ejemplo. La famosa carrera profesional de los funcionarios.
La factura
Un sindicato corporativo de la Sanidad, el SIMPA, pidió la aplicación de la carrera profesional y llevó a cabo una huelga de médicos en el otoño de 2006. Para hacer frente a la emergencia, Álvarez Areces llamó a la mesa de negociación a UGT y CC.OO., que ampliaron la demanda a todos los colectivos de la Administración. Un problema con 3.000 médicos se amplió a más de 30.000 empleados públicos. Cuando surgieron problemas con la carrera profesional del profesorado, IU estuvo al lado de los funcionarios. A día de hoy, la carrera profesional, entre los grupos que lo tienen reconocido por ley y los que lo lograron por vía de la negociación, supone un desembolso para el Principado que duplica lo que se pretende recaudar con el plan de subida de impuestos.
El Plan A también fue una imposición sindical con destino municipal. Por no hablar de la extensa serie de compromisos derivados de la concertación social que sólo suponen obligaciones en la dirección del Gobierno. A esa realidad hay que sumar el trato privilegiado que hay que dar a las consejerías de IU, que en las últimas dos legislaturas tuvieron un incremento presupuestario muy superior al resto, y que en épocas de vacas flacas son alérgicas a los recortes.
Como remate, cabe añadir que cuando hubo que apoyar proyectos necesarios para la región, como las líneas eléctricas de alta tensión o la incineradora de Serín, el grupo mayoritario del Gobierno se quedó sólo o negociando con la oposición. Queda por ver si en el último tramo de la legislatura el Gobierno tendrá que adaptar la escala del IRPF a los dictados de su izquierda política y sindical. El coste de la estabilidad.