De todos los titulares de la edición de EL COMERCIO del pasado viernes ninguno me produjo tanto impacto como una frase del consejero de Salud, Ramón Quirós, pronunciada en la clausura de unas jornadas sobre el futuro del sistema sanitario público del Principado: “Un fármaco que da dos meses de vida por 11.000 euros, ¿merece la pena?”.
Reconozco que la sinceridad es un rasgo muy de agradecer en un político, pero si se trataba de provocar, conmigo lo ha conseguido. La respuesta al interrogante del consejero es, en mi opinión, rotundamente afirmativa, pero considero más interesante darle la vuelta a la pregunta: ¿Cuánto tiempo de vida tiene que garantizar un fármaco para que la Sanidad pública decida administrarlo a un enfermo terminal? ¿Cuatro meses? ¿Medio año? ¿Más tiempo?
Cuando se emplean todo tipo de recursos para actividades banales, la Sanidad del futuro puede plantearse vetar una solución, que está en sus vitrinas, para alargar la vida del enfermo. Dejando de lado que la esencia del trabajo de los médicos consiste en aplazar la fecha de la muerte del paciente, quiero pensar que si un día los protocolos sanitarios contestan negativamente el interrogante abierto por el consejero Ramón Quirós, se incluya en los mismos una consulta al enfermo o su familia, para administrar el fármaco de marras si lo pagan los interesados, aunque esa práctica constituya un sacrilegio para el sistema público.

Obsesiones

Del caso particular pasemos a la exposición general. Los gestores de la Sanidad están muy preocupados por la economía. Tienen razones para ello, porque el déficit anual del sistema público de Salud en España es de 15.000 millones de euros, casi tanto como todo lo que aspira a ahorrar Zapatero entre este año y el próximo. A partir de esa preocupación se traslada una filosofía hacia los profesionales del sector y hacia la sociedad que se puede resumir en acortar las estancias hospitalarias, prescribir menos medicinas, recibir menos visitas en los centros de salud y comprar menos tecnología hospitalaria. Si miramos hacia atrás nos encontramos con el futuro, porque antes se recetaban muchas menos medicinas, el médico veía a un número más reducido de pacientes y sobre la tecnología no hace falta realizar comparaciones. Bien es cierto que el gasto en Sanidad era más bajo y que la expectativa de vida también era más corta.
Los defensores del sistema saben poner mil ejemplos en los que la aplicación de técnicas carísimas producen menos beneficios para la salud que la práctica de beber agua o desplazarse a pie, pero no conozco ningún sector industrial o de servicios en el que la renuncia a incorporar tecnología no suponga un atraso o un suicidio.

Consumismo

Uno de los mantras del sistema consiste en decir que hay un excesivo consumo sanitario. Depende de cómo se vea. El pueblo llano mira hacia los poderosos, entre los que ocupa un lugar privilegiado la clase política, y periódicamente le llegan noticias de diputados, ministros, alcaldes, concejales, consejeros, senadores, gerentes de empresas públicas, miembros de organismos autónomos, asesores de todos los anteriores, que superaron un tumor porque “lo cogieron a tiempo en un control rutinario”. La gente también quiere tener derecho a esas rutinas. En esto ocurre como con la Educación: la clase política despotrica de los centros privados, aunque matricula allí a sus hijos. En la Sanidad pública no se realizan pruebas preventivas, como la colonoscopia, salvo en supuestos tasados, y en las clínicas privadas asturianas la gente llena las salas de espera guardando turno. ¿Consumismo o mayor cultura sanitaria?
En el informe del Consejo Económico y Social, realizado por el doctor Javier Elola Somoza, sobre el futuro del sistema sanitario público del Principado, se recoge que el gasto sanitario creció un 70% en Asturias en los últimos ocho años, lo que supone un 38% del presupuesto del Gobierno regional. A este ritmo, dentro de siete años alcanzará el 53% de todos los recursos del Principado. De confirmarse la tendencia, se proponen en el informe tres soluciones: aumentar el endeudamiento, detraer recursos de otras consejerías o subir las tasas, sin descartar copagos.

Soluciones

Aumentar las deudas no nos estará permitido ni por el Gobierno de España ni por la UE. Sin embargo, sí es posible y deseable la mayor transferencia de recursos de otras consejerías, porque las comunidades autónomas tienen que financiar la Sanidad, pero nadie les obliga a construir autovías, que para eso ya está el Gobierno central. La subida de impuestos no es deseable, pero se debe introducir el copago progresivo a partir de un umbral de renta (20.000 euros). En Portugal se pagan dos euros por consultar en el centro de salud y cinco cuando se va al especialista. En Suecia, templo de la socialdemocracia, se abonan 17 euros por cada consulta con el médico de familia y 30 euros por acudir al especialista. En Alemania, 10 euros por consulta y otro tanto por cada día de hospitalización, con un techo en 250 euros.
Más presupuesto para la Sanidad, introducción del copago y concierto con las clínicas privadas. Sería bueno que se atendiera una sugerencia catalana: descontar en el IRPF las cuotas que se pagan a seguros privados. La Sanidad pública tendría menos deudas y estaría menos saturada, lo que permitiría administrar fármacos de 11.000 euros para que un enfermo vea llegar el otoño.