En unas jornadas sobre el Estado de Bienestar, Javier Fernández defendió la idea de aumentar la eficiencia de los servicios públicos para mantener el sistema, porque sin una gestión económica rigurosa resulta insostenible. El mensaje no ha gustado a los dirigentes de IU que culpan a los socialistas de ajustar el presupuesto por la vía de los servicios públicos y consideran irrenunciable utilizar los impuestos para repartir riqueza.

En España y en la UE la tesis hegemónica es la planteada por Javier Fernández. Si la gestión sanitaria y educativa generan déficit pavorosos habrá que reestructurarlas. Bendecir la gestión de un servicio público por el hecho de que esté prestado por funcionarios es sencillamente ridículo. A los trabajadores, que tanto invocan los jefes de IU, no les importa que el médico o el profesor tengan la categoría de empleados públicos, sino la accesibilidad al servicio, de modo que esté garantizada la universalidad del mismo y su calidad.

El recorte del presupuesto en Asturias se basa, en buena medida, en la rebaja del sueldo a los funcionarios, e IU considera que esa disminución supone debilitar los servicios públicos. Como fuerza de izquierdas, lo lógico es que a IU le preocupara el cierre de un centro de salud o de un instituto de enseñanza media, pero que aceptara la reducción del gasto corriente para reducir el déficit. Una vez más se comprueba que carecen de autonomía con respecto a los intereses sindicales. Los impuestos, por si mismos, no son ninguna forma de reparto de riqueza, depende para qué se utilicen. Lo sensato es dedicar una parte importante de la recaudación a financiar servicios públicos de calidad. Identificar como política de izquierdas cualquier tributo a las rentas altas es falso. El mejor ejemplo es Chávez, que de tanto perseguir a los ricos deja a Caracas sin electricidad.