En el trámite parlamentario del proyecto de ley de ajuste fiscal del Principado, el PP va a pedir que comparezcan en el Parlamento tres consejeros (Educación, Sanidad y Economía), así como dirigentes de todos los sindicatos que tienen implantación en la Administración. El partido de la oposición considera que el recorte de gastos perjudica a los ciudadanos y a los empleados públicos, así que quiere un amplio debate en la Junta General del Principado.

Los sindicatos están obligados a defender los intereses de sus afiliados que pierden, de media, un 5% de sus salarios con el citado proyecto de ley. Todos los sindicatos, desde UGT y CCOO, hasta los grupos corporativos que están implantados en algunos de los cuerpos de la Administración, rechazan frontalmente el recorte de los sueldos. Para ellos fue una gran sorpresa la medida aprobada por el Gobierno de España, porque ocho meses antes la vicepresidenta De la Vega había pactado un incremento del 0,3% salarial. Los sindicatos no defienden los intereses generales, eso le toca al Gobierno y al Parlamento. Es prácticamente imposible realizar un recorte presupuestario, como el que nos pide la UE, sin rebajar el sueldo de los empleados públicos. Soy consciente de que se pueden reducir estructuras administrativas, coches oficiales, teléfonos móviles, dietas, comidas, y un largo etcétera, pero todo ello junto y multiplicado por diez no se acerca al desembolso que suponen los gastos de personal. Cuando se perdieron 2,2 millones de empleos en el sector privado, pedir al sector público un sacrificio salarial no es ningún exceso.

No cabe criticar a los sindicatos porque cumplen con su papel, otra cosa son los partidos políticos que están obligados a mirar por el interés público. En una situación de emergencia, como la presente, debería haber un acuerdo en la Junta General del Principado sobre el ajuste fiscal. Es completamente contradictorio que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se apruebe por unanimidad (las diecisiete comunidades con gobiernos socialistas, populares y nacionalistas) el recorte del déficit que propone el Gobierno central para las comunidades, y a la hora de concretar las medidas que lo posibilitan se haga demagogia barata con los perjuicios que causará a la población. El auténtico daño sería seguir como hasta ahora para acabar igual que Grecia.