En el Congreso de los Diputados, Zapatero exhibe la nueva orientación política de su Gobierno centrada en la lucha contra el déficit público, que ha sido avalada por el director del FMI, líderes de la UE, y miembros de la Administración Obama. El presidente afirma que el ajuste fiscal era necesario porque España estaba sentada sobre una bomba de relojería. No se puede decir que hayamos desactivado la bomba porque el déficit público haya disminuido en un 5% durante los primeros cinco meses del año. La situación sigue siendo muy delicada, y algunos de los factores que más han contribuido a elevar el déficit están aún presentes. El gasto público continúa al alza (14,5%) y la masa salarial de los funcionarios del Estado ha aumentado un 5,6%, entre enero y mayo.

Pese a que la mayoría de los observadores ha señalado la soledad parlamentaria del Gobierno, tras la votación sobre el decreto-ley de la reforma laboral, la precariedad del Ejecutivo es más aparente que real. Me explico. El PNV ya ha ofrecido su apoyo a los presupuestos del 2010, “si se aumenta el autogobierno del País Vasco”, eufemismo que encubre el trueque de apoyos en la Cámara a cambio de inversiones del Estado en ese territorio. No es una ninguna novedad, véase sino a dónde fue a parar el dinero presupuestado en I+D del presente ejercicio. CiU, que se ha abstenido en dos votaciones claves habidas en el último mes (ajuste fiscal y reforma laboral), puede ser un socio estable del Gobierno en cuanto gane las elecciones catalanas de otoño. El sistema de entendimiento será similar al del PNV: votos por concesiones económicas.

Al contrario de lo que dicen la mayoría de los analistas, los problemas para Zapatero están fuera de la Cámara, porque el ajuste fiscal será muy difícil de ejecutar, y el desempleo aumentará, complicando la situación a las entidades financieras. El Gobierno tiene que hacer mucha pedagogía política, porque la gente se ha acostumbrado en los últimos seis años a recibir mensajes amables del Ejecutivo y no está preparada para recortes de ayudas y subidas de impuestos.

En la Junta General del Principado, todos los sindicatos de la Administración pública han rechazado la rebaja de sueldos. Están en su papel. Se trata de una medida que sólo tiene una alternativa más dolorosa: reducir drásticamente el nivel de empleo en la función pública.