Los líderes políticos viven con inquietud la inminente sentencia sobre el ‘Estatut’. El elenco político catalán jugó en los últimos meses a una sola carta: la ilegitimidad de una sentencia proveniente de un tribunal compuesto por magistrados que han superado el tiempo de su mandato. Sin embargo, la cuestión debería leerse al revés: si el Tribunal Constitucional (TC) no emitiese sentencia quedaría devaluado para siempre. Ha pasado un excesivo tiempo desde que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP quedó a la consideración de los magistrados. Las presiones políticas fueron enormes, por la gran importancia de la norma recurrida, y porque en este caso hay un elemento novedoso, ya que el TC se dispuso a revisar una ley refrendada en las urnas. Una cosa es derribar una ley aprobada por las Cámaras y otra muy distinta es confrontar el criterio de los magistrados con la voluntad de los ciudadanos afectados por la norma.

Las visicitudes del expediente del ‘Estatut’ en el TC ponen en evidencia que no está de más restablecer la cautela de dejar aparcada la entrada en vigor de cualquier norma hasta que se haya dictaminado el carácter constitucional de la misma. Es posible que al abrir esa vía se cuelen por ella muchos recursos de inconstitucionalidad ideados en clave obstruccionista, pero se evita el coste de tener que restaurar la legalidad previa a una norma que lleva años aplicándose.

El ‘Estatut’ es el mayor borrón de la primera legislatura de Zapatero. Puede que haya observadores que consideren mayor el error provocado por abrir la negociación con ETA, en los términos que estaba planteada. Sin embargo, el llamado ‘proceso de paz’ no dejó huellas y la banda terrorista está más debilitada que nunca. El ‘Estatut’ produce efectos nocivos en toda España, habiendo obligado a diseñar un modelo de financiación autonómica que debilitó gravemente al Estado. La posibilidad de desarrollar legislación básica por las Cortes Generales también ha quedado limitada, y los Presupuestos Generales del Estado tienen que pagar peajes insoportables como invertir en las regiones en función de porcentajes diseñados por los Estatutos. En más de tres décadas de democracia es el mayor triunfo que han logrado los enemigos de la cohesión de España. El TC debería restablecer premisas básicas del Estado Autonómico.

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