Transcurridos cuatro años desde la aprobación del “Estatut”, ha quedado sustanciada la constitucionalidad del texto tras haberse eliminado o modificado 14 artículos y después de señalar la interpretación que hay que hacer de otros 35. La sentencia llega gracias a la intervención directa de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, tras haber fracasado los cuatro borradores realizados por distintos magistrados ponentes. Si se hubiese seguido la metodología aplicada por la presidenta del TC, quizás no hubiese habido que esperar cuatro años para saber a qué atenerse con el “Estatut”. El asunto no es baladí ya que el Parlamento de Cataluña ha aprobado leyes que dimanan del nuevo texto estatutario.

PSOE y PP se declaran triunfadores con la sentencia. De la Vega ha afirmado que supone “la completa derrota de la posición del PP” y Sáenz de Santamaría asegura que “el fallo cuestiona cincuenta artículos de calado”. Dos valoraciones parciales que tienen poco interés, ya que la sentencia no puede verse como el fruto de un forcejeo entre los dos grandes partidos; la clave está en analizar cómo queda jurídicamente ubicada Cataluña dentro del sistema democrático español. Los partidos catalanistas se sienten profundamente agraviados. CiU considera que la sentencia crea una situación gravísima y el honorable Montilla declara sentirse indignado y llama a una movilización social contra el fallo. En un ejercicio de nacionalismo primitivo, el presidente socialista catalán ha despotricado contra los magistrados del TC, diciendo que “no pueden juzgar nuestros sentimientos”. Una razón más para no incluir a Montilla en el racionalismo cartesiano.

La sentencia desactiva la carga soberanista del preámbulo del “Estatut”, donde se definía a Cataluña como una nación. Según la sentencia esa afirmación no tiene eficacia jurídica, y los símbolos de la nación (himno y bandera) quedan convertidos, en el fallo, en emblemas de la nacionalidad. Este tipo de filosofía se prolonga a casi todos los asuntos que aborda la sentencia, donde se evita la desautorización frontal de los aspectos polémicos del texto, recurriendo a la vía de las interpretaciones. La educación cursará en catalán, aunque la lengua catalana no tenga carácter preferente en la Administración. Calculada indefinición