Diez comunidades autónomas proponen extender el copago farmacéutico a los jubilados que tengan pensiones altas. El Principado también apoya la medida que corresponde implantar al Ministerio de Sanidad. Los medicamentos tienen unan financiación mixta, un 60% a cargo de los gobiernos regionales, titulares de la competencia sanitaria, y el 40% restante lo aportan los consumidores de los fármacos. Esta regla general tiene una excepción: la población jubilada, que tiene acceso gratis a los medicamentos prescritos por los médicos de la Sanidad Pública. Hay dos argumentos que siempre se esgrimen para justificar que los pensionistas colaboren a la financiación de las medicinas; uno es de carácter comparativo: los trabajadores en paro pagan el 40% de las medicinas, mientras que los jubilados, con la pensión asegurada de por vida, no aportan ni un céntimo; el otro tiene que ver con la concentración del consumo de las medicinas, que en un 78% son demandadas por la tercera edad, que representa el 22% del conjunto de la población. También cabe añadir algún otro razonamiento, como el ejemplo que supone la financiación de MUFACE, que integra a los funcionarios, donde todos los jubilados pagan el 30% de los medicamentos que compran.
Aunque el proceso de revalorización de las pensiones ha sido muy importante en los últimos años, es difícil imponer a la tercera edad la obligación de pagar el 40% de los fármacos que consumen. Sin embargo, si se puede discriminar en función de la cuantía de las pensiones. A partir de una determinada cantidad (¿1.500 euros?), los jubilados deberían contribuir a la financiación de la factura farmacéutica en igualdad de condiciones con cualquier trabajador en activo.
La cofinanciación en el consumo de medicamentos ha ido derivando, en los últimos decenios, para descansar fundamentalmente sobre la aportación pública. En Asturias, en los años ochenta del siglo pasado, el 20% del gasto farmacéutico descansaba en las economías familiares. En la actualidad, el porcentaje se ha reducido hasta llegar al 5%. Es urgente introducir mecanismos de corrección en este proceso. El problema es exclusivamente político, porque el Gobierno que obligue a cofinanciar las medicinas a los jubilados puede recibir un castigo tremendo en las urnas. Sin un amplio consenso entre los partidos no se dará ese paso.