Javier Fernández afirma que la progresividad fiscal no es una cuestión ideológica sino un mandato constitucional. El secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado espera que las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno regional tengan continuidad en las medidas fiscales que prepara Zapatero para el próximo otoño.

La progresividad fiscal ya existe en nuestro sistema impositivo, porque una persona que gana 60.000 euros paga mucho más a Hacienda que otra que gana tres veces menos. Otra cosa es que en nuestro sistema fiscal haya recovecos, como las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), para que los acaudalados paguen menos impuestos. Por cierto, Elena Salgado se ha negado, reiteradamente, a cambiar el estatus de las Sicav. Desde hace unas semanas, en Asturias ha aumentado la fiscalidad para las rentas superiores a los 90.000 euros, las trasmisiones patrimoniales y las herencias. Las personas afectadas, en la inmensa mayoría de los casos, no reúnen los requisitos para formar una Sicav. El Principado ha hecho una reforma fiscal sobre las clases pudientes (profesionales, directivos de empresas, alto funcionariado), que no son los ricos de nuestra sociedad, aunque se desenvuelvan con desahogo.

Javier Fernández plantea que el Gobierno central profundice en la dirección tomada por el Principado. A lo largo del último año, Zapatero subió todos los impuestos, menos el Impuesto de Sociedades que es el cuarto más alto de la UE. Luego vino la elevación fiscal del Principado y ahora se pide otro incremento al Estado. Tres subidas de impuestos, en doce meses, que recaen, básicamente, sobre el mismo grupo social. Creo que la obligación de los gobernantes es acomodar las partidas del gasto a un nivel de recaudación que va a tardar en volver a ser como el de los años de bonanza. Los políticos tienen que aceptar que la sociedad se ha empobrecido y deben presentar unos presupuestos acordes con esa realidad. Puede ser conveniente retocar algunos tipos impositivos, pero es un error creer que hay un amplio margen para compensar con nuevos aumentos impositivos la caída que ha experimentado la recaudación. El aumento de las estructuras administrativas y de los compromisos de gasto introducidos en los últimos años debería cuestionarse, y a partir de ahí revisamos los impuestos.