La Federación Asturiana de Concejos (FACC) se ha reunido en Somiedo para fijar una posición ante las medidas extraordinarias de reducción del déficit público. Los alcaldes asturianos exigen que los ayuntamientos puedan recurrir al crédito para financiar proyectos que cuentan con dinero de otras administraciones, ya que en caso contrario se perderían las ayudas que les envía el Estado, el Principado o la Unión Europea. Los ediles también plantean una mayor flexibilidad para reducir el déficit, de modo que las corporaciones que estén relativamente saneadas puedan utilizar el ahorro procedente de la rebaja del sueldo de los funcionarios para otros fines distintos al ajuste presupuestario. La FACC considera que no se pueden tomar medidas de carácter universal, porque la situación financiera de los ayuntamientos asturianos es muy distinta a la de los consistorios de algunas regiones.

Mientras los alcaldes asturianos se reunían para dejar constancia de sus peticiones, nos llegaba la cantidad exacta (171 millones de euros) que tiene que devolver el Principado al Gobierno central, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2008. Las liquidaciones presupuestarias de los años 2008 y 2009 supondrán un retorno de 25.000 millones de euros de las comunidades autónomas al Estado. Varios ejecutivos regionales han pedido al Gobierno central que conceda una prórroga para la devolución de las cantidades que les habían sido adelantadas.

Para valorar, uno las demandas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas porque tienen un fondo común, al pedir al Gobierno que dulcifique los términos del ajuste fiscal, como si Zapatero tuviera margen para aplazar los recortes. Como si la Comisión Europea no le pidiera cuentas por los ajustes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entre todas las demandas hay una realmente atendible: el derecho de los consistorios a solicitar créditos. No tiene ningún sentido que los alcaldes no puedan hacerlo y los perjuicios serían muy superiores a las ventajas. Todo lo demás es imposible de asumir. Las leyes tienen que ser de carácter general, no cabe entrar en casuísticas particularizadas. Lo mismo sucede en otros países. No se puede flexibilizar el ajuste, porque la operación de reducción del déficit sería un fracaso que nos arrastraría a todos.