A punto de iniciarse el último cuatrimestre del año, las relaciones entre administraciones están marcadas por la confección y aprobación de los presupuestos de 2011. Comunidades autónomas y ayuntamientos, tan amigos ambos de recordar en público las promesas incumplidas del Gobierno central, maniobran discretamente para pedir que el Ejecutivo les conceda una prórroga en los compromisos de pago que tienen con el Estado. Hace tres años, la situación económica era muy distinta a la actual, y el Gobierno les entregó dinero a cuenta de lo que pensaba recaudar. El cálculo fue muy optimista, y las comunidades autónomas deberán devolver 5.500 millones y los ayuntamientos algo menos de una tercera parte. La forma de devolución es muy generosa: en sesenta mensualidades y sin intereses. Con ese protocolo las hipotecas de los particulares no serían ninguna carga, pero ni las comunidades ni los ayuntamientos están acostumbrados a pagar al Estado, así que ahora piden una prórroga de un año sin pagos, y dejan caer que la cantidad habría que devolverla a diez o veinte años.

En relación con el Estado, gobiernos regionales y alcaldes se comportan como los niños con sus padres: todo lo bueno para mí y todas las cargas para vosotros. La ‘cantidad entregada a cuenta’ es un cálculo provisional, en espera de conocer el resultado de la recaudación. Si el Gobierno central hubiera adelantado poco dinero, no se discutiría que en enero de 2011 aportaría el resto. En la Ley de Financiación de las Comunidades Autonómas se especifica un plazo más que generoso para la devolución, porque pagar un crédito sin intereses supone, en la práctica, lo mismo que restar una parte del principal. Pero no les basta. Quieren más tiempo sin pagar nada y un montón de años para amortizar la deuda.

Las autonomías tratan de adelantarse a los acontecimientos, porque ahora les toca devolver 5.500 millones, pero la devolución del ejercicio de 2009 supondrá otros 20.000 millones, y eso son palabras mayores. El Gobierno no debería ceder, porque las cuentas del Estado no pueden liquidarse por el mismo método que las mercancías de un mercadillo de calle. El caso de los ayuntamientos admite una excepción, ya que la norma para liquidar se establece en los presupuestos. Ahora bien, cualquier concesión debe ser a cambio de algo.