La política institucional asturiana se apresta a salir de su letargo con la celebración del debate sobre el estado de la región. En las dos últimas legislaturas el Parlamento asturiano ha ido perdiendo pulso hasta dejar reducida su actividad al mínimo: una ley (la de los presupuestos) al año. El debate sobre el estado de la región enmarca la negociación de las cuentas regionales, un proceso que suele dilatarse hasta primeros de diciembre, donde los dos partidos del Gobierno, PSOE e IU, mantienen un pulso sobre la cantidad de gasto que debe comprometerse para el siguiente ejercicio. Como vivimos en una región con características institucionales atípicas, la negociación del presupuesto se realiza en el Gobierno, limitándose el Parlamento a dar el visto bueno a lo acordado en el Ejecutivo. Muchas veces se dice que el Senado sobra, porque se limita a retardar la producción legislativa del Congreso de los Diputados. En Asturias, cabe decir, al menos, que la Junta General del Principado juega un papel menor.

Los prolegómenos del debate presupuestario están condicionados por la declaración de intenciones de Jaime Rabanal, al anunciar una merma del 7% o el 8% de los recursos sobre el presente ejercicio. Jesús Iglesias salió al paso de las intenciones del consejero de Economía, al señalar que IU pretende aprobar un presupuesto para 2011 que corrija la caída de la inversión del Gobierno central para la región, que será del 40% en el próximo año.

Las negociaciones presupuestarias en esta legislatura han terminado con satisfacción de los partidos del Gobierno a costa de retorcer la realidad al aprobar unas cuentas artificiales. En 2008 hubo que rehacer las partidas entre las consejerías para destinar 101 millones más a Sanidad, y en el presente año se procedió a un recorte de 210 millones al inicio del verano. Inflar las cifras del gasto para dejarlo sin ejecutar es como hacerse trampas jugando al solitario. El tira y afloja entre PSOE e IU produjo resultados preocupantes: la deuda del Principado se ha duplicado en dos años. Somos la comunidad autónoma menos endeudada, pero lo verdaderamente significativo es el crecimiento de la deuda desde que empezó la crisis. Como no se reconoce la caída de la recaudación tributaria, se presupuesta una cifra fantástica de ingresos fiscales y luego se paga la factura con el recurso de la deuda.

Estamos a siete meses de las elecciones autonómicas, lo que da licencia para una dosis extra de demagogia. Sin embargo, el margen para elaborar las cuentas es mínimo, porque desde hace unos meses el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están implicados en un plan supranacional de ajuste fiscal que afecta por igual a gobiernos de izquierda y de derecha, verdes o contaminantes, centralistas o federalistas. En la Unión Europea el país que quiera hacer otra política tendrá que pagar costosas multas o abandonar el club. Al calor de la reciente huelga general, los líderes sindicales y los portavoces de IU volvieron a insistir que es posible otra estrategia ante la crisis, basada en el incremento del gasto público. De llevarse a la práctica, el plan tendría una vida muy efímera, porque primero nos cobrarían el dinero muy caro, y luego dejarían de prestarnos dinero. Volveríamos a la autarquía. Si los mercados están movidos por manos ocultas que esconden intereses especulativos, la mejor medicina es vivir con un bajo nivel de deudas.

La dirección socialista de Javier Fernández ha advertido de que mantener la inversión del Estado sería un ejercicio de autoengaño. Lo mismo cabe decir de la inversión del Principado. Se puede discutir sobre qué partidas se deben mantener y cuáles deben disminuir, pero lo que no es cuestionable es la mengua global de los recursos. El pasado otoño, IU tensó la cuerda hasta obtener un crecimiento del presupuesto del 0,7%, para tener que aceptar a medio ejercicio un recorte de más del 5%. El gobernador del Banco de España pidió que se limitara el gasto de las comunidades autónomas, entre quejas de barones regionales. Buena medida sería que empezáramos voluntariamente a autolimitarnos en el gasto.

Iniciamos el curso político que abre el ciclo electoral, con la renovación de las cámaras municipales, autonómicas y nacionales. Un tiempo que se suele considerar inhábil para tomar medidas que supongan sacrificios. Pero en esta ocasión estamos comprometidos en un proyecto de reducción de gasto de las administraciones al que no podemos sustraernos. El presupuesto de 2011 no puede convertirse en un anzuelo para pescar votos.

Los socialistas tienen la obligación de presentar unas cuentas que se muevan en unas coordenadas creíbles, porque sería mucho más grave tener que rectificar las cifras en vísperas de las elecciones. Lo más sensato sería que la elaboración de los presupuestos sirviera para prefigurar la reforma de los servicios públicos que hay que afrontar el próximo año, de modo que la oferta de servicios se adecuara al nivel de ingresos tributarios, porque los años de las grandes cosechas de la Hacienda Pública son cosa de un pasado que no va a volver.

Un proyecto de cuentas coherente con la situación excepcional que atraviesan España y Asturias, sin miedo a que IU quiera bajarse del tren o que el convulso grupo de Ovidio Sánchez se ponga delante de la máquina.