Los miembros del Gobierno regional y los líderes de los partidos que apoyan al Ejecutivo llevan dos semanas negociando los presupuestos de 2011. Si nos atenemos al proceso seguido otros años todavía quedan quince días para llegar al acuerdo, aunque puede haber prórroga. El fin de la negociación es anunciado con caras de felicidad, invitando a todos los ciudadanos a celebrar el advenimiento del nuevo presupuesto: “habemus cuentas”. La negociación es tan opaca que cuando los medios de comunicación nacionales hacen una estimación del decrecimiento de las cuentas autonómicas para el próximo año, el único territorio cuyo casillero queda en blanco es Asturias. No se atreven a poner ni una cifra aproximada. Se desconoce cuál es el techo del gasto del Principado, una previsión que, en el caso del Estado, el Gobierno central da a conocer antes de las vacaciones de verano.

La ceremonia de los presupuestos se asienta sobre dos apriorismos: el acuerdo es un gran logro y produce beneficios para la región. El hecho de que Asturias cuente con presupuestos no pasa de ser un acto que se desprende de la existencia de un gobierno de coalición apoyado en una mayoría absoluta. Zapatero puede presentar el acuerdo de los presupuestos como un triunfo, porque preside un gobierno en minoría dentro de la Cámara, pero la FSA e IU pactaron la formación del Gobierno de coalición con el respaldo de 25 diputados en la Junta General del Principado. Elaborar los presupuestos debería ser un hecho rutinario. Si se presenta como un gran logro es porque IU es un socio especial, dispuesto a gozar de las ventajas del Gobierno y la libertad (irresponsabilidad) de la oposición. Y lo peor de todo es que los socialistas han aceptado el estatus especial de IU y tienen pavor de que alguien diga o haga algo que irrite a su socio.

El segundo apriorismo consiste en presentar como beneficioso el nuevo presupuesto. Depende. Para el año 2011, el presidente Areces estimó que las cuentas deberían decrecer un 6%, dentro de la política de austeridad en que están inmersas todas las administraciones del Estado. Si no se cumple esa condición, el presupuesto hará un flaco favor a los intereses de la región, aunque pueda ser beneficioso para personas o grupos que participan en la negociación. Hay que distinguir entre el bien público y el bien de los que hablan en nombre del público.

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