Para llegar a una cifra de inversión global superior a los 900 millones de euros el Gobierno regional utiliza las potencialidades financieras de las empresas públicas (Vipasa, Gispasa, Junta de Saneamiento, etcétera), tan denostadas por el PP. Las sociedades y empresas autonómicas son más versátiles para la contabilidad pública, y por ello se convierten en instrumentos válidos para los objetivos presupuestarios del Principado.

Más allá de esta cuestión instrumental, lo cierto es que la inversión desciende en 300 millones con respecto al pasado año. El Gobierno central ha rebajado la capacidad de endeudarse a las comunidades autónomas, fijando el techo en el 1,3% del PIB. Debido a ello, Asturias no podrá solicitar crédito por valor de 600 millones, como hizo en el presente ejercicio, sino que sólo podrá contar con la mitad. La merma del crédito ha recaído directamente sobre la inversión, por decisión política. Podía el Gobierno regional distribuir la rebaja de los 300 millones entre diferentes conceptos (vivienda, servicios sociales), pero la postura inflexible de IU hizo que el recorte se aplicara a la inversión. Los recursos son finitos y, puestos en la tesitura de optar, IU considera que el gasto social es la principal prioridad del Principado, a la que se subordinan las necesidades de financiación de las infraestructuras, del gasto en I+D, o de la Educación. El socio minoritario del Gobierno no hace explícito este planteamiento, pero a la hora de negociar los presupuestos se mantiene inflexible: el gasto social no puede aceptar rebajas. La postura de IU es tan intransigente, que hasta en el capítulo de vivienda hubo que aumentar la cobertura para compensar la disminución aplicada por Zapatero en los Presupuestos Generales del Estado.

Este asunto merece una discusión parlamentaria, porque el gasto social no se puede entender como una variable autónoma del presupuesto. La posibilidad de mantener el gasto social depende de la creación de riqueza. Sin generación de empleo y aumento de la recaudación tributaria no es posible financiar las necesidades sociales, por muy justificadas que estén. La mayor lacra social es el paro, y no se puede renunciar a dar la batalla contra el desempleo trasladando todos los recursos en medidas paliativas. Los presupuestos podrían hacer más por generar empleo.

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