El tributo a las empresas eléctricas y de telefonía ha sido una idea de Los Verdes que fue muy bien recibida por IU. La medida coincide, por partida doble, con las señas ideológicas del grupo, ya que se presenta como una defensa del medioambiente y tiene un sello anticapitalista, al gravar a grandes empresas transnacionales que operan en un mercado estratégico. A la negociación con los socialistas llegó la propuesta con el marchamo de obligada inserción en el presupuesto. Negarse a incluirla en las cuentas regionales podía acarrear la prórroga presupuestaria, y por una simple tasa no podía perderse la ocasión de movilizar 4.000 millones en la dirección correcta.

Joaquín Arce, director de Política Forestal del Principado y miembro de Los Verdes, anunció que proporcionaría de 14 a 19 millones anuales, porque afectaría a un vasto número de instalaciones entre las que se encontraban los molinos eólicos, pero al analizar su encaje en el ordenamiento jurídico se vio que podía originar más gasto en los juzgados del dinero a percibir por el recibo de la tasa. Los socialistas recondujeron la propuesta para que tuviera encaje legal, y en vez de ser un tributo por ocupar espacio en los montes, se amplió a todo el territorio, pero reduciendo al mínimo la penalización a las empresas, porque de la idea inicial de cobrar 3.000 euros por kilómetro de tendido eléctrico o telefónico se pasó a una cantidad muy inferior. En conjunto se espera ingresar ocho millones de euros.

No me cabe la menor duda de que los socialistas tuvieron en cuenta la reacción de los sujetos pasivos (empresas) del impuesto para evitar presiones o reacciones contrarias. IU no podrá vender al electorado que creó una tasa que proporciona tantos recursos como el céntimo sanitario, pero la transformación de la idea inicial abre la puerta a nuevas contradicciones. Un gravamen por ocupar espacio en el monte, con una antena o un poste, puede venderse como un tributo medioambiental, pero esas mismas instalaciones en los alrededores de una ciudad no provocan daños medioambientales. Si se abre esa espita, toda industria es una agresión al medio, y acabaremos por tener muchas tasas y ninguna industria. En resumen, vía libre a un impuesto identitario y démonos por satisfechos: los ciudadanos sólo pagaremos otros ocho millones con los recibos de luz y teléfono.