Pese a los recortes presupuestarios y la escasez de recursos, Ana Rosa Migoya ha señalado que los ayuntamientos asturianos contarán el año que viene con 158 millones de euros provenientes de las distintas consejerías del Principado, así como otros 44 millones a cuenta del Plan de Inversión Local. La consejería de Administraciones Públicas tiene muy limitada su capacidad de gasto debido a la fuerte mengua de recursos sufrida en los presupuestos del 2011. Con respecto a hace un año se ha quedado sin un 25% de su cuota presupuestaria. Como tiene una imagen de departamento burocrático, en la negociación de las cuentas regionales quedó en un segundo plano, porque la estrella era el gasto social. Si se analiza con detalle, todas esas apreciaciones son muy relativas, porque una parte importante del gasto social se va en burocracia y en contrataciones de personal, mientras que en la gestión de las Administraciones Públicas hay partidas de inversión. Cultura, Industria, Administraciones Públicas quedaron subordinadas a las exigencias políticas de la negociación entre PSOE e IU, que pasaba por dar prioridad a Bienestar Social y Vivienda.

Aunque 158 millones no es una cantidad despreciable, dudo mucho que deje satisfechos a los ayuntamientos, ya que pasan por una coyuntura muy difícil. Los proveedores municipales están financiando a los consistorios, al enviarles facturas que no se abonan hasta muchos meses más tarde. El pasado año, los ayuntamientos gozaron del plan local de inversión de Zapatero, que con el pretexto de animar la contratación de mano de obra, sirvió para costear las inversiones de los alcaldes. El Gobierno no está en condiciones de seguir repartiendo dinero entre los consistorios, y los alcaldes se encuentran sin una Administración protectora que financie el 100% de sus inversiones y el gasto añadido de costear el mantenimiento de los equipamientos construidos por el Gobierno central.

Los alcaldes quieren que las comunidades autónomas procedan a descentralizar las competencias que recibieron del Estado y pretenden acceder a una parte de la recaudación cedida por el Gobierno central. Hace un par de años, peleaban porque las inversiones del Principado no estuvieran condicionadas a un destino concreto, pero ahora están con el agua al cuello y necesitan acceder al reparto de recursos.