La Junta General del Principado va a reformar la Ley de Cajas, adaptando la normativa asturiana al marco estatal. En tres años, los profesionales de la política no podrán tomar asiento en el consejo de administración de Cajastur. Las instituciones públicas (Principado y ayuntamientos) podrán designar representantes, pero deben tener un currículo en el que se acredite su experiencia de gestión en el sector financiero. En cualquier caso, las instituciones públicas verán limitada su representación al 40% del consejo de administración, un 5% menos que los impositores. Trabajadores y centros asturianos se reparten el 15% restante.

La normativa responde a la necesidad de profesionalizar las cajas. A la gente le rechina que un edil de cualquier ayuntamiento, sin una hora de formación económica en su expediente académico, tenga capacidad para debatir y decidir sobre los créditos que debe conceder una caja. La composición de los consejos de administración de estas entidades de crédito guarda una gran similitud con los parlamentos o las cámaras municipales, con la mayoría de sus componentes alineados por partidos y gestionando la entidad con criterios de gobierno y oposición. Cajastur se ha librado de este mal general, porque en el vértice de la entidad se eligió por consenso a un profesional de la economía, y se evitó la subordinación de la entidad a las estrategias partidistas. En tiempo de tribulación, como en el presente, no debe extrañar que el Banco de España esté más preocupado por la solidez de las cajas que de los bancos, ya que aunque todas las instituciones de crédito cometieron errores (sobreexposición al riesgo inmobiliario), las cajas se vieron arrastradas a operaciones que les podían venir muy bien a ayuntamientos o gobiernos regionales, pero que fueron muy dañinas para sus cuentas de resultados.

No hace falta tener muy desarrollado el sentido crítico para comprender que la actual reforma se queda corta. Los consejos de administración de las cajas, como de los bancos, deben estar ocupados por los que depositaron su dinero en la entidad. No es preciso ningún tipo de tutelaje político. Ningún partido apoyaría esa idea, pero es tan razonable que pronto la necesaria concentración del sector va a dar paso a dos figuras: cajas que emiten cuotas participativas (acciones) y cajas gobernadas por bancos privados.