En un par de años ha cambiado el enfoque de todas las cuestiones. No se discute sobre las mejoras de la sanidad, sino cómo se financia la sanidad. La preocupación por la educación ha dado paso a la deliberación sobre el coste de la educación. Hasta el atraso de las infraestructuras, tema central en el debate público asturiano, ya no se mide por kilómetros, sino por millones. No se habla de las cosas, sino de su precio. Hemos iniciado una época en que los recursos van a ser permanente escasos, así que vislumbrar el futuro pasa por predecir certeramente el tamaño de las cosas.

En la edición de hoy de EL COMERCIO, Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, manifiesta que «en Asturias ya hemos adelgazado el tamaño de la Administración. Tenemos 35.000 empleados públicos, un 1,2% menos que hace dos años». Es una reducción de unos cuatrocientos empleados; el asunto está en valorar si el Principado ha adquirido ya la dimisión óptima o necesita seguir haciendo más ajustes. Nos puede servir de referencia la empresa privada, que en el mismo periodo de tiempo ha redimensionado mucho más el volumen de su mano de obra. Si en el sector privado la rebaja de empleo hubiera sido de un 1,2%, no se estaría hablando de crisis, sino de sarampión.

Durante las últimas décadas, la contratación de mano de obra se ha justificado en comunidades autónomas y ayuntamientos por la asunción de más competencias. Las comunidades recibieron transferencias por ley y los ayuntamientos asumieron competencias de facto. El crecimiento de la actividad implicó el aumento de personal. Esto es verdad, pero no toda la verdad. En el proceso de crecimiento de las plantillas jugó un papel importante el discurso sindical de exigir compromisos con el empleo. Las ofertas públicas de empleo se diseñaron como una medida social, de forma que primero se crearon puestos de trabajo, como un fin en sí mismo, y luego se valoró su función. Las instituciones regionales y locales vieron en el aumento de estructuras y plantillas mayor poder político y una mejora de su imagen ante la sociedad, al poder presentarse como grandes empleadores. La contratación directa de empleo es un poderoso activo electoral.

El proceso inflacionario de empleo público ha terminado, porque el coste de las plantillas es inasumible. Las administraciones son más pobres, porque sus ingresos han quedado reducidos en más de un tercio y la deuda se ha duplicado en dos años. Aún no se ha alcanzado el equilibrio, porque los nuevos ingresos coexisten con la vieja estructura del gasto.

Quisiera detenerme un momento para advertir sobre el peligro de mantener el nivel de gasto con más impuestos, tentación recurrente entre políticos de todo pelaje (Montilla, Camps), con alguna destacada excepción. Si aumentan los tributos a familias y empresas, la Administración tendrá más dinero, a cambio de empobrecer a los principales agentes del empleo y el consumo. Un ejemplo es Extremadura, que concentra en sus instituciones públicas el 33% de la mano de obra empleada en toda la comunidad autónoma, y está a la cola de España en riqueza y empleo.

Para empresas y administraciones, el futuro pasa por la autofinanciación. En los próximos tres años, el Principado va a quedar sin fondos europeos y sin fondos mineros. El periodo presupuestario que se abre en la UE a partir del año 2013 sólo va a contemplar fondos de solidaridad con los países de renta más baja, todos ellos enclavados en el este europeo. Los fondos mineros terminan en el año 2012 y no será posible prolongarlos, más allá de alguna partida testimonial. Las inversiones del Estado caerán en picado, porque las principales infraestructuras ya están en su mayor parte construidas y lo que resta por hacer está detenido. El descenso aprobado para el próximo año es sólo el anticipo. De todos los flujos que llegan de fuera de nuestra región, sólo se mantendrá la asignación a las clases pasivas.

Pensar que la Administración del Principado ha alcanzado su tamaño adecuado es un cálculo muy optimista. El Principado ha asumido una nueva competencia que se llama deuda y genera un importante volumen de gasto: 212 millones de euros anuales en intereses. La mitad de las consejerías tienen menos asignación. En los próximos años toca devolver dinero al Estado porque se había excedido en el dinero anticipado al Principado con cargo a las liquidaciones anuales. A corto plazo, no sólo habrá que financiar partidas sociales para las personas excluidas del mercado de trabajo, sino que habrá que dedicar muchos más recursos a los municipios. No debemos engañarnos, la desesperada situación financiera de los ayuntamientos va a gravitar sobre las comunidades autónomas. Arruinada la recaudación del impuesto sobre las construcciones, el gasto corriente de los ayuntamientos se sujeta sobre el crédito forzado que conceden los proveedores. Si la retirada de los 426 euros a los parados va a suponer un aumento del salario social, la caída de los ingresos municipales exigirá una mayor aportación del Principado.

En ese contexto, el Principado tendrá que disminuir gasto corriente, lo que implica menos personal. La reducción del arsenal de empresas públicas va a en esa dirección. Para restar personal el mecanismo más indoloro es dejar sin cubrir las plazas de los funcionarios jubilados. Año tras año, el Principado tendrá que seguir esa vía, porque la época de la abundancia se ha ido para no volver.